La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República explicar por qué inicialmente clasificó como terrorismo el ataque con un coche bomba registrado en Coahuayana, Michoacán. La reclasificación del delito generó cuestionamientos sobre los criterios que usa la autoridad para tipificar violencia vinculada al crimen organizado.
Durante la conferencia matutina, la mandataria fue directa: “Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también”. La frase dejó ver que el gobierno federal busca deslindarse de la decisión inicial de la FGR, que llamó la atención por tratarse de un delito reservado para actos destinados a infundir terror masivo con motivación política o ideológica, no necesariamente para agresiones cometidas por grupos criminales en contextos locales.
El ataque, que consistió en la detonación de un vehículo con explosivos, encendió alarmas por el uso cada vez más frecuente de tácticas militares por parte de organizaciones criminales. Sin embargo, la fiscalía modificó después la clasificación del delito, lo que abrió dudas sobre si hubo criterios jurídicos sólidos o si se trató de una decisión apresurada para encuadrar el hecho dentro del concepto de terrorismo.
Especialistas consultados advierten que el uso errático del término puede tener consecuencias graves. Tipificar como terrorismo un hecho que no cumple con los elementos jurídicos puede generar confusión en procesos penales, pero no hacerlo cuando corresponde también debilita la capacidad del Estado para reconocer la escalada de violencia.
La reacción de Sheinbaum, más que aclarar, evidenció la tensión entre el Ejecutivo y la FGR en torno a la narrativa pública sobre seguridad. Mientras la presidenta intenta proyectar control y estabilidad, la reclasificación del ataque expuso inconsistencias en la forma en que las autoridades describen y procesan hechos de alto impacto.
El gobierno federal enfrenta presión para explicar si el uso de explosivos en Michoacán fue un caso aislado o un síntoma de una tendencia creciente en regiones donde los grupos criminales buscan imponer control territorial. La clasificación del delito es solo una parte del debate; lo que está en juego es el reconocimiento de una violencia que cada vez se parece menos a criminalidad común y más a conflicto armado local.
