El Servicio de Administración Tributaria entrará a 2026 con un paquete de facultades que no solo amplían su poder fiscalizador, sino que alteran el equilibrio entre autoridad y contribuyente. Con simples indicios administrativos, el SAT podrá suspender operaciones, bloquear la facturación, empujar a empresas completas al terreno penal y obligarlas a demostrar su inocencia en plazos que difícilmente permiten una defensa real.
La cancelación de sellos se vuelve el arma central de este nuevo modelo. Un clic administrativo basta para paralizar la actividad económica de cualquier empresa, aun si cumplió con sus obligaciones o si la supuesta irregularidad deriva de errores del propio sistema. Peor aún: la suspensión arrastra automáticamente a clientes y proveedores, creando un efecto dominó que criminaliza cadenas completas de operación sin investigación previa.
El SAT también exige que, para litigar, el contribuyente garantice créditos millonarios en efectivo. No bienes, no garantías diversas, sino dinero inmovilizado. En un país donde la mayoría de las empresas opera con márgenes reducidos, esto equivale a cerrar la puerta del juicio a quien no tenga liquidez para enfrentar al Estado. El derecho a litigar deja de ser un derecho y se vuelve un privilegio reservado a quienes pueden congelar recursos para sobrevivir el proceso.
Todo esto ocurre mientras se endurecen las reglas penales. Presunciones administrativas, generadas desde un escritorio, pueden escalar automáticamente a delitos fiscales que contemplan prisión preventiva. Ya no es necesario probar dolo, omisión o beneficio económico: basta con que un algoritmo o un auditor detecte “indicios” para activar la maquinaria penal.
El problema no es combatir la evasión. México necesita un sistema tributario robusto, justo y capaz de frenar el fraude fiscal. El problema es la ingeniería institucional que se está construyendo. Un Estado que puede detener tu operación de un día para otro, congelar tus cuentas, empujarte a prisión preventiva y luego exigirte probar tu inocencia en 30 días, deja de fiscalizar y empieza a gobernar desde la sospecha.
La vulnerabilidad del contribuyente tampoco es accidental. Se combina con otro riesgo: jueces y magistrados electos mediante sistemas cuestionados, procesos opacos y criterios improvisados. En ese entorno, el ciudadano queda atrapado entre un SAT armado con facultades expansivas y un Poder Judicial debilitado.
Esto no es un debate técnico. Es un debate democrático. Cuando la autoridad fiscal puede destruir una empresa por presunciones y la defensa depende de la capacidad económica para litigar, el Estado se convierte en un actor sin contrapesos, capaz de abusar de su fuerza institucional mientras se envuelve en el discurso de “combatir la evasión”.
Si no se corrigen estas tendencias, el sistema tributario dejará de ser un mecanismo de recaudación y se convertirá en una herramienta de control político y económico. Y en ese escenario ningún contribuyente está a salvo: ni pequeño empresario, ni periodista, ni compañía internacional.
El SAT no debe ser un arma. Debe ser una institución. Y lo que ocurrirá en 2026 definirá en cuál de las dos direcciones avanza México.
