La Secretaría de Marina y autoridades federales identificaron a una organización criminal integrada por 13 personas que operaba un esquema de tráfico ilegal de personas aprovechando inmuebles deshabitados. Entre los señalados se encuentra Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario de la franquicia Miss Universo México, figura ya relacionada con investigaciones por contrabando de combustibles y armas.
Según reportes oficiales, el grupo delictivo buscaba casas o predios sin ocupación, los intervenía sin autorización, realizaba la logística para introducir personas de forma ilegal y posteriormente generaba documentación para aparentar posesión e incluso propiedad de los inmuebles. El esquema facilitaba actividades clandestinas, permitía mover personas sin registrar y creaba una fachada jurídica que hacía más difícil para las autoridades rastrear el uso real de los espacios.
La operación combinaba tres componentes: invasión de inmuebles, tráfico ilegal de personas y regularización fraudulenta de documentación. La red era capaz de dotar a los predios de papeles manipulados con los que los integrantes se ostentaban como dueños, lo que dificultaba los desalojos y complicaba las investigaciones.
Este caso se suma a las múltiples líneas abiertas por autoridades mexicanas y estadounidenses que ya apuntaban a Rocha Cantú por actividades ilícitas de alto impacto. Su presunta participación en esta organización refuerza el patrón de delitos vinculados a esquemas financieros y logísticos complejos.
La investigación federal continúa para determinar el alcance de la red, los flujos de dinero involucrados y el tipo de protección o corrupción institucional que permitió que estas operaciones se extendieran durante tanto tiempo sin ser detectadas.
Las autoridades también analizan si los predios utilizados sirvieron para otras actividades criminales como almacenamiento de mercancía irregular, trasiego clandestino o puntos de reunión para operaciones más amplias.
El caso abre un debate mayor: la facilidad con la que grupos criminales pueden simular propiedad de inmuebles mediante irregularidades administrativas y la lentitud del Estado para detectar esquemas de tráfico de personas en zonas urbanas.
