El conflicto entre productores agrícolas y transportistas con el Gobierno Federal escaló este jueves luego de que ambas organizaciones dieran por roto el diálogo y fijaran un ultimátum claro: si no reciben una respuesta concreta a sus demandas antes del próximo lunes, iniciarán bloqueos carreteros en todo el país. La advertencia revive el escenario de parálisis logística y desabasto que México ya ha enfrentado en episodios anteriores.
Los productores insisten en que la crisis es insostenible. Denuncian que la industria compradora de maíz se beneficia de precios deprimidos mientras el costo de producción continúa al alza. Reclaman esquemas de crédito accesibles, tasas justas y mecanismos que eviten que intermediarios y grandes empresas acumulen márgenes de ganancia a costa del productor primario. Sin financiamiento adecuado, dicen, el campo queda en desventaja estructural y sin posibilidades reales de competir.
Transportistas se sumaron al llamado al señalar que enfrentan condiciones similares: altos costos operativos, tarifas estancadas y un entorno económico que los deja sin margen para sostener su actividad sin apoyo gubernamental. Ambos sectores acusan al Gobierno Federal de no ofrecer soluciones claras ni compromisos verificables, pese a semanas de reuniones.
La ruptura del diálogo y la amenaza de bloqueos tiene implicaciones directas para la ciudadanía. Un cierre carretero nacional no solo afectaría el traslado de mercancías, sino también la distribución de alimentos, combustibles, insumos médicos y bienes esenciales. Cada hora de bloqueo representa pérdidas económicas y riesgo de desabasto en ciudades que dependen de cadenas de suministro ya tensionadas.
El lunes se convierte así en un punto de inflexión. Si no hay respuesta oficial, México podría enfrentar una jornada de protestas masivas que pondrá a prueba la capacidad del gobierno para reconstruir puentes con el sector productivo y para evitar un impacto inmediato en la vida cotidiana de millones de personas.
