En México hay 132 mil 534 personas desaparecidas y, dentro de esa cifra, 43 mil 128 casos permanecen sin rastro ni actividad posterior, de acuerdo con la actualización del registro nacional presentada por el gobierno federal. La mayor parte de estos reportes corresponde a los últimos 20 años, el periodo en el que el país ha concentrado la crisis más profunda en materia de desapariciones.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que 130 mil 728 de esos casos corresponden de 2006 a la fecha, mientras que 2 mil 356 están registrados entre 1952 y 2025. La funcionaria explicó que, del total de personas desaparecidas, 46 mil 742 aparecen con datos insuficientes para iniciar o sostener una búsqueda efectiva, 40 mil 308 muestran actividades o registros administrativos posteriores a su fecha de desaparición y 43 mil 128 no presentan ninguna actividad a la fecha.
Según el desglose oficial, 78 por ciento de las personas que continúan en estatus de no localizadas son hombres de entre 30 y 59 años, mientras que 22 por ciento son mujeres de entre 18 y 29 años. Figueroa agregó que, desde octubre de 2024, cuando inició el actual gobierno, han sido localizadas 31 mil 946 personas.
El reporte también señala que de 1952 a 2026 se han registrado 394 mil 645 personas desaparecidas en el país. De ellas, 262 mil 111 ya fueron localizadas. Dentro de ese grupo, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida. El gobierno sostuvo además que, en 96 por ciento de los casos de localización con vida, no hubo indicios de que la persona hubiera sido víctima de un delito.
Para explicar el universo actual de casos sin localizar, el gobierno dividió los registros de 2006 a 2026 en tres grupos. El primero incluye 46 mil 742 expedientes con datos incompletos. En estos casos faltan elementos básicos como nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que hace prácticamente imposible emprender una búsqueda efectiva. Entre los ejemplos citados por la autoridad aparecen registros ingresados con referencias como “menor NN”, “el cuate”, “niña”, “Panchito”, “chavo” y hasta “muebles Gaby”.
El segundo grupo está conformado por 40 mil 308 registros que sí cuentan con información suficiente, pero en los que se detectaron actividades posteriores a la fecha de desaparición tras una revisión en bases administrativas. Entre esas coincidencias aparecen matrimonios, altas ante el SAT, cambios de domicilio en el INE y registros de vacunación. Como ejemplo, se mencionó el caso de una persona reportada como desaparecida en 2010 que aparece en un registro de vacunación en 2021, así como otro caso de una persona desaparecida en 2012 que volvió a registrarse en el INE en 2023, con coincidencia de huellas digitales.
A partir de ese mecanismo de verificación, el gobierno aseguró que ha podido confirmar pruebas de vida o de fallecimiento y actualizar expedientes de manera formal. Gracias a ese proceso, dijo Figueroa, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se pudo modificar su estatus de desaparecidas a localizadas.
El tercer grupo concentra 43 mil 128 casos con datos completos, pero sin ninguna coincidencia posterior en registros administrativos y sin actividad desde el momento en que se reportó la desaparición. De acuerdo con la funcionaria, 71 por ciento de estos expedientes fueron cargados por fiscalías estatales al registro nacional, pero solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación. Otros 26 mil 611 son únicamente reportes que no dieron paso a una investigación formal dentro de las fiscalías.
A esa cifra se suman 10 mil 854 casos registrados por la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales, así como mil 794 reportes hechos directamente por la ciudadanía en el portal oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda. En términos generales, Figueroa resumió que 36 por ciento de los registros de 2006 a 2026 no tiene datos suficientes para una búsqueda adecuada.
Durante la presentación, el gobierno federal diferenció dos grandes periodos dentro del registro histórico. Por un lado, los casos asociados al periodo de represión del Estado, acompañados por colectivos y familiares de víctimas de la llamada guerra sucia. Por otro, el periodo abierto a partir de diciembre de 2006, cuando, según Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, comenzó una etapa marcada por desapariciones relacionadas principalmente con la delincuencia organizada tras el inicio de la guerra contra el narcotráfico.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el gobierno ha mantenido trabajo con colectivos de búsqueda y con la oficina en México del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según dijo, esa relación ha incluido acompañamiento, asesoría y apoyo en una parte importante del trabajo presentado sobre la actualización del registro.
