México está entrando en un punto crítico. La reforma judicial impulsada por Morena, que destituye a todos los jueces y coloca su elección en manos del voto popular, no solo amenaza la división de poderes dentro del país. También coloca a México en ruta directa hacia una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según advierten especialistas en derecho internacional.
El constitucionalista Francisco Burgoa explicó que México está obligado a respetar los tratados internacionales que firmó y que, en muchos casos, tienen un rango superior a la propia Constitución. La reforma judicial viola compromisos fundamentales, entre ellos el principio de independencia judicial, el derecho al debido proceso y la garantía de acceso a la justicia. La CIDH ya ha condenado a países como Venezuela, Honduras y Ecuador por destituir masivamente a sus jueces y someterlos a control político. México ahora repite esos mismos patrones.
La preocupación internacional crece. Organismos multilaterales, organizaciones de derechos humanos y sectores empresariales han comenzado a emitir alertas sobre el deterioro institucional. La caída de confianza no es teórica. Se traduce en decisiones económicas concretas. Gigantes tecnológicos como Nvidia cancelaron inversiones millonarias ante la incertidumbre jurídica y la percepción de que México avanza hacia un sistema sin contrapesos.
La narrativa oficial ya no logra ocultar la gravedad del momento. La crisis de violencia, los datos maquillados, los homicidios disfrazados como accidentes y la falta de transparencia profundizan la desconfianza. La población vive en un país donde la ley ya no parece regir con firmeza y donde el poder político busca absorber cada espacio independiente.
La tensión social también aumenta. Sectores como agricultores y transportistas han anunciado paros nacionales y movilizaciones masivas para exigir que el Estado garantice seguridad, precios justos y un funcionamiento básico del país. La inconformidad crece en el campo, en el Poder Judicial, en el sector salud y en amplias regiones que se sienten abandonadas ante el avance del crimen organizado.
México enfrenta una tormenta perfecta: colapso institucional, pérdida de confianza internacional, inversión extranjera congelada y una sociedad que ya no encuentra respuestas en sus autoridades. Si la reforma judicial se mantiene, el país podría enfrentar una condena internacional y un aislamiento que lastimará aún más la economía y la vida cotidiana de sus ciudadanos.
El mensaje es claro. Cuando un país destruye su sistema judicial, destruye también su futuro.
