La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, volvió a encender la polémica al declarar que en México “ya no existe el huachicol”, asegurando que lo que hoy se vive es únicamente contrabando de combustible proveniente del extranjero.
Durante su intervención, la funcionaria afirmó que el robo de combustible en los ductos de Pemex terminó en el sexenio de López Obrador, tras lo que calificó como un desmantelamiento de las redes de corrupción responsables de las fugas y del desabasto en varias regiones del país.
Una versión difícil de sostener
Las palabras de Alcalde contrastan con múltiples investigaciones y reportes oficiales que documentan que el huachicol no ha desaparecido, sino que se transformó en redes mucho más sofisticadas, donde participan tanto grupos criminales como funcionarios.
Tan solo en 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló pérdidas multimillonarias para Pemex por robo de combustible. Además, investigaciones periodísticas y judiciales han vinculado a marinos, exfuncionarios y hasta familiares de altos mandos de Morena con estas operaciones.
¿Contrabando o encubrimiento?
La narrativa de que el huachicol es solo contrabando externo parece un intento por deslindar al gobierno de la responsabilidad interna. Sin embargo, los casos judiciales en curso —incluyendo redes en Tabasco y Veracruz— apuntan a que el huachicol fiscal sigue vivo, y lo más grave, bajo protección institucional.
El doble discurso
Mientras la secretaria de Gobernación asegura que las fugas de ductos son “cosa del pasado”, la realidad es que el huachicol se ha diversificado: desde el robo directo a Pemex, hasta el contrabando por ferrocarril y puertos, donde existen señalamientos de complicidad militar y política.
Negar su existencia no resuelve el problema: lo profundiza.
