El miércoles, el diputado Darío Martínez, del partido opositor Frente para la Victoria, presentó una denuncia contra el mandatario por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
El fiscal federal, Federico Delgado, anunció una acción penal contra el mandatario por presunta “omisión maliciosa” en su declaración jurada, ante la revelación de su participación en dos empresas offshore en Panamá y Bahamas.
Delgado sostuvo que como primer paso había que determinar si Macri “omitió maliciosamente completar su declaración jurada” y, en entrevista con una estación de radio local, sugirió que se soliciten los textos investigados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que difundió el pasado domingo Los papeles de Panamá. También se solicitarán “a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las declaraciones juradas de Macri”, y se pedirá al titular del organismo, Alberto Abad, “un amplio informe que detalle la dinámica tributaria y especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación” en sociedades offshore.
Macri se limitó a decir: “No era accionista, no recibí ningún tipo de retribución y realicé la declaración en mi primer día como funcionario público”.
Señaló que había entregado toda la documentación ante la Oficina Anticorrupción, cuya titularidad es ejercida por una ex diputada del partido de Macri, Propuesta Republicana, Laura Alonso, cuya renuncia exigen tanto la oposición como algunos asociados de la propia alianza oficialista Cambiemos.
Sin embargo, desde hace tiempo hay una demanda judicial presentada por la legisladora Gabriela Cerrutti, de Nuevo Encuentro, quien denunció una serie de ocultamientos en la declaración jurada.
Con información de La Jornada