El diario Milenio confirmó que el gobierno de Estados Unidos canceló la visa del director general de Investigación Aduanera, un funcionario de alto nivel cuya tarea central es investigar operaciones de contrabando y el llamado huachicol fiscal. La medida, inusual y políticamente delicada, envía un mensaje directo: Washington desconfía de uno de los responsables mexicanos encargados de combatir el delito que más afecta a su relación bilateral en materia comercial y de seguridad.
La cancelación no ocurrió en abstracto. El área que dirige el funcionario está vinculada a investigaciones sobre importaciones irregulares de combustibles, evasión multimillonaria y redes criminales que utilizan aduanas para lavar dinero y mover mercancía ilícita. Que Estados Unidos haya decidido retirarle la visa sugiere que cuenta con información suficiente para considerarlo un actor no confiable o un riesgo para sus propios procesos.
La señal es grave. Se trata de la primera cancelación de visa contra un alto funcionario del actual gobierno federal y se da en un momento en el que la cooperación entre ambos países está atada a temas sensibles: tráfico de armas, crimen organizado, fentanilo y contrabando de hidrocarburos. Washington, históricamente, solo actúa de esta forma cuando detecta irregularidades serias o cuando considera que un funcionario mexicano interfiere, omite o colabora de manera indirecta con actividades ilícitas.
El golpe es doble. Por un lado, exhibe la fragilidad interna de las instituciones aduaneras mexicanas, repetidamente señaladas por corrupción, captura criminal y manipulación de datos fiscales. Por otro, compromete la postura del gobierno federal, que ha insistido en que el combate al huachicol fiscal es una prioridad. La cancelación de la visa pone en duda la credibilidad de ese discurso.
Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, el episodio abre un problema diplomático y político. Estados Unidos no utiliza estas medidas a la ligera. Cuando lo hace, lanza un mensaje sobre la confianza —o desconfianza— en quienes toman decisiones clave dentro de la administración pública mexicana.
El huachicol fiscal es un delito que involucra millonarias pérdidas tributarias, redes empresariales fachada y la infiltración de grupos criminales en la cadena de importación de combustibles. Que el funcionario responsable de investigarlo pierda su visa por decisión de Washington coloca a México en una posición incómoda y obliga al gobierno a explicar qué sabía, qué ignoró y qué hará a partir de ahora.
El silencio o la minimización solo empeorarían las dudas. Lo que está en juego no es solo un trámite migratorio, sino la confianza internacional en las aduanas mexicanas y en la integridad de quienes deberían estar combatiendo delitos que cuestan miles de millones al país.
