Una verdad que por años circuló en voz baja dentro del Congreso de Guerrero finalmente salió a la luz. La diputada del Partido del Trabajo, Leticia Mosso Hernández, reveló abiertamente que cada legislador recibe 300 mil pesos mensuales adicionales bajo el concepto de “gestión social”, un monto completamente separado del salario y destinado —según argumentan— a apoyos, viáticos y gastos diversos en sus distritos.
La revelación no vino de una filtración anónima ni de documentos reservados. La propia diputada Leticia Mosso lo compartió públicamente, al presumir dos facturas por más de 169 mil pesos durante la comparecencia de la secretaria de Salud, Alondra García. Mosso explicó que dichas aportaciones provinieron de ese fondo mensual extra que el Congreso entrega a cada legislador.
El señalamiento provocó un terremoto político. Mosso dejó claro que estos recursos no solo existen, sino que llevan años entregándose de manera regular sin que el público los conozca. Para dimensionar el tamaño del programa, si los 66 diputados del Congreso recibieran esa misma cantidad, el gasto anual excedería los 200 millones de pesos.
De acuerdo con la diputada, los 300 mil pesos por mes se usan para gasolina, comidas, hospedajes, “apoyos” y compromisos locales. Incluso relató que en una ocasión no se le entregó el recurso, lo que generó un reclamo interno y exhibió que existe un manejo opaco dentro de la Junta de Coordinación Política.
Otros legisladores confirmaron la existencia del dinero, aunque intentaron justificarlo como un mecanismo necesario para atender necesidades sociales en sus distritos. Sin embargo, la práctica reavivó cuestionamientos sobre la falta de transparencia, el uso discrecional de recursos públicos y la evidente contradicción entre el discurso de austeridad y la realidad presupuestal de los congresos locales.
El caso también volvió a poner bajo la lupa al matrimonio Wences-Mosso, un binomio político que ha ocupado cargos de manera consecutiva en Guerrero. La diputada relató que incluso ha tenido que cubrir con estos fondos gastos que, en teoría, deberían absorber las instituciones de salud.
La revelación de Mosso no solo destapó el monto, sino las prioridades de un Congreso que, en pleno debate por la crisis de servicios públicos en Guerrero, reconoce que dispone de cientos de miles de pesos mensuales para usos discrecionales mientras hospitales, escuelas y comunidades siguen sin recursos suficientes.
El Congreso no ha emitido una aclaración formal sobre el destino, regulación o fiscalización de estos 300 mil pesos mensuales. La discusión apenas comienza, pero el golpe a la credibilidad institucional ya quedó registrado.
