La diputada federal Claudia Leticia Garfias Alcántara (Morena) denunció públicamente haber sido agredida y víctima de abuso sexual dentro de sus oficinas distritales en Cuanalán, municipio de Acolman, Estado de México, por parte del equipo del diputado local Osvaldo Cortés Contreras (Morena), con apoyo de la alcaldesa Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, el pasado 12 de agosto.
Según lo relatado en rueda de prensa, la agresión ocurrió cuando al menos 50 personas armadas rodearon sus instalaciones, mediante un operativo de la policía municipal enviado por la edil, bajo el pretexto de descargar materiales para una supuesta remodelación, mientras el camión fue retirado por órdenes del Ayuntamiento.
La diputada narró que mientras era golpeada físicamente, fue también manoseada y ultrajada por el chofer y un particular cercano a Cortés, quien, al ser reconocido, la dejó tirada y fue trasladada a una vivienda para ponerse a salvo, donde halló a sus hijos y asesor malheridos, uno con la base del globo ocular destruida. Su oficina fue completamente destruida, con robo de equipo, daños materiales y un vehículo destrozado.
Garfias aclaró que no se trata del primer incidente, pues ya había sufrido otros actos de agresión del diputado y de la presidenta municipal, y expresó: «Hago responsables de lo que me pueda pasar a mí, a mi familia y a mi equipo, al diputado Osvaldo Cortés Contreras y a la alcaldesa Blanca Sánchez Osorio».
Al momento, la diputada ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, exigiendo justicia y protección para ella y su entorno político y personal.
Lo grave…
Lo ocurrido no es solo una grave afrenta a su dignidad como mujer, es una muestra dolorosa de cómo el poder político puede convertirse en violencia institucional cuando la impunidad se disfraza de partido. Cuando esa violencia proviene desde la misma estructura política que se dice representar al pueblo, no se trata solo de un delito aislado: es el límite del autoritarismo disfrazado de poder.
