La Secretaría de la Función Pública inició una “auditoria transversal” de contratos realizados por dicha firma o alguna de sus filiales al interior de la administración pública federal.
La titular de la Función Pública, Arely Gómez, reconoció que desde que se tuvo conocimiento de la estrategia de las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem para conseguir contratos de construcción en el sector energético por montos multimillonarios, en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre pasado, la institución inició la recopilación de información en todas las instituciones del gobierno federal.
A partir de allí, solicitó a todos los Órganos Internos de Control, la identificación de contratos suscritos con esta empresa o cualquiera de sus filiales. Una vez obtenidos los datos, se suscribieron los documentos de trabajo que dieron inicio a una auditoria transversal sobre todos los contratos ubicados.
La Procuraduría General de la República es la autoridad encomendada para realizar la investigación en el ámbito penal y la SFP es quien se encarga de investigar las probables responsabilidades de carácter administrativo.
Con información de Eje Central