Mientras el discurso oficial insiste en austeridad y transparencia, una cifra retrata otra realidad dentro del Senado. De acuerdo con información publicada por Reforma, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, tendrá bajo su control cerca de 1,894 millones de pesos anuales en 2025, recursos que pueden ejercerse con amplios márgenes de discrecionalidad.
El monto no es menor ni simbólico. Cada senador recibe alrededor de 400 mil pesos mensuales en subvenciones, a lo que se suman ingresos adicionales por cargos internos. Presidir una comisión implica cerca de 200 mil pesos mensuales extra y fungir como secretario ronda los 100 mil pesos. Es decir, la estructura interna del Senado se ha convertido en un sistema de sobresueldos normalizados.
Pero el mayor foco de preocupación está en la concentración del dinero. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto dispone de alrededor de 7 millones de pesos mensuales para gastos, mientras que la Mesa Directiva maneja cerca de 1.3 millones adicionales. Según explicó la periodista Leti Robles de la Rosa, se trata de recursos que pueden manejarse de forma discrecional, sin mecanismos claros de rendición de cuentas.
A ello se suma una prerrogativa mensual cercana a 12 millones de pesos correspondiente a la presidencia de la Jucopo. Sobre ese dinero, el propio senador no ha informado si lo recibe ni cómo se ejerce. Lo más grave es que, en la práctica, no existe forma de saber en qué se gasta.
Las implicaciones para el ciudadano
Este esquema tiene efectos directos en la confianza pública. Mientras millones de mexicanos enfrentan recortes, saturación en servicios públicos y carencias básicas, el Senado opera con bolsas millonarias sin trazabilidad clara. La discrecionalidad no es un asunto administrativo, es un problema democrático: cuando no hay transparencia, no hay control ciudadano.
Además, normalizar estos montos contradice el relato de combate a los privilegios. La concentración de recursos en un solo coordinador parlamentario refuerza el poder político interno, reduce contrapesos y abre la puerta a usos clientelares del presupuesto legislativo.
La pregunta sigue sin respuesta: ¿quién vigila el uso de casi 1,900 millones de pesos que pasan por las manos de la cúpula del Senado? Y mientras no haya explicación pública, la opacidad se mantiene como regla, no como excepción.
