El discurso de “honestidad” de la llamada 4T vuelve a desmoronarse. De acuerdo con una investigación de la Unidad de Investigación de N+Focus, el exsecretario de Gobernación y actual figura de Morena, Adán Augusto López Hernández, recibió 79 millones de pesos de empresas privadas entre 2023 y 2024, recursos que nunca reportó en sus declaraciones patrimoniales.
Los documentos oficiales señalan que esos ingresos se justificaron como “Servicios Profesionales”. Sin embargo, al revisar las compañías involucradas, surge un dato escandaloso: al menos una de ellas está señalada por el SAT como empresa fantasma.
Empresas beneficiadas con recursos públicos
La investigación detalla que las compañías que habrían pagado a Adán Augusto fueron beneficiadas previamente con contratos públicos millonarios, configurando un posible esquema de conflicto de interés, tráfico de influencias y desvío de recursos.
En lugar de transparentar estos ingresos, el político decidió omitirlos en sus declaraciones, contraviniendo las obligaciones que todo servidor público y exfuncionario tiene frente al sistema de rendición de cuentas.
Honestidad selectiva
El caso no es solo un asunto administrativo: revela el doble discurso de un proyecto que se presenta como enemigo de la corrupción mientras sus principales operadores esconden ingresos millonarios. Adán Augusto, quien aspiró a la candidatura presidencial de Morena, aparece ahora bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito y ocultamiento patrimonial.
Si Morena ha acusado históricamente a gobiernos pasados de encubrir empresas fantasma y contratos inflados, ¿cómo explicar que uno de los suyos repita los mismos esquemas?
La gran pregunta
¿De dónde salió el dinero? ¿Qué favores se pagaron con esos “servicios profesionales”? Y sobre todo: ¿qué hará la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública frente a un caso que, de confirmarse, desnuda la corrupción al más alto nivel?
