El Senado de la República amaneció cercado por policías y vallas metálicas ante la inminente discusión de la nueva Ley de Aguas. La imagen es elocuente: un recinto legislativo blindado, legisladores entrando por accesos controlados y la ciudadanía mantenida a distancia. Solo pueden pasar senadores y personal autorizado. El resto del país, literalmente, queda afuera.
El operativo no es menor. Ocurre en un momento en el que campesinos, especialistas, organizaciones civiles y comunidades están denunciando que la iniciativa favorece la concentración del recurso, debilita la participación social y abre la puerta a decisiones discrecionales que afectarán directamente a quienes ya viven en condiciones de estrés hídrico. En vez de abrir el diálogo, el Senado se prepara como si esperara un estallido.
La presencia policial confirma que quienes impulsan la reforma saben que hay descontento y que las voces críticas no son marginales. Si la iniciativa fuera tan benéfica como dicen, no haría falta blindar el Congreso para evitar que la gente se acerque. La seguridad extrema es un síntoma político: la distancia entre las instituciones y la población crece, mientras se legisla sobre un recurso vital sin consensos y sin garantías de transparencia.
El contraste es evidente. Dentro del recinto se debatirá una ley que pretende reorganizar la administración del agua en todo el país. Afuera, quienes dependen del recurso para producir alimentos, subsistir o abastecer sus hogares no pueden siquiera acercarse a expresar su posición. El mensaje es claro: se legisla en contra de la ciudadanía, pero se despliega fuerza pública para contenerla.
La discusión de una ley de esta magnitud debería construirse con participación amplia. Sin embargo, el gobierno y su mayoría legislativa parecen más preocupados por aprobar rápido que por escuchar. El blindaje del Senado se convierte, simbólicamente, en el sello de una reforma que avanza bajo presión, con rechazo social y con un operativo que revela miedo a la confrontación con la realidad.
La seguridad del recinto puede contener manifestaciones, pero no puede ocultar que la nueva Ley de Aguas nace rodeada de desconfianza y con una ciudadanía cada vez más dispuesta a defender lo que considera un derecho básico.
