El llamado “errorcito” de la Secretaría de la Defensa Nacional terminó convirtiéndose en uno de los escándalos financieros más costosos para el Estado mexicano. Un tribunal federal condenó a la Sedena a pagar alrededor de 9 mil 500 millones de pesos a una empresa que vendió equipos de espionaje durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tras una cadena de irregularidades jurídicas cometidas por la propia dependencia.
La empresa involucrada, dedicada a la comercialización de tecnología de vigilancia, ganó el litigio luego de que la Sedena no lograra acreditar adecuadamente su defensa. De acuerdo con resoluciones judiciales, el área jurídica militar incurrió en errores procesales graves que dejaron al Estado en desventaja frente a la compañía, abriendo la puerta a una indemnización multimillonaria que ahora deberá cubrirse con recursos públicos.
El caso está directamente vinculado a la adquisición de software de espionaje utilizado por el gobierno para tareas de inteligencia, una práctica que ya había sido señalada por organismos internacionales y por defensores de derechos humanos debido a su uso contra periodistas, activistas y opositores políticos.
Más allá del debate sobre la legalidad del espionaje, el fondo del problema es otro: la absoluta falta de rendición de cuentas. La Sedena no solo compró equipos altamente controvertidos, sino que además gestionó de forma deficiente los contratos y su defensa legal, provocando un daño patrimonial que terminará pagando la ciudadanía.
Hasta ahora, no hay responsables sancionados dentro de la institución. No se ha informado quién autorizó las compras, quién supervisó los contratos ni quién falló en la estrategia jurídica que llevó a esta derrota judicial. El costo no recaerá en funcionarios, sino en el erario.
Este episodio exhibe una constante preocupante: decisiones tomadas en la opacidad, sin controles civiles efectivos y sin consecuencias para quienes administran recursos públicos desde las Fuerzas Armadas. Mientras se presume austeridad y disciplina financiera, errores internos generan boquetes multimillonarios que nadie asume.
El “errorcito” no es menor. Son miles de millones de pesos que podrían destinarse a salud, seguridad pública o infraestructura, y que ahora se irán en pagar las consecuencias de un espionaje mal gestionado y peor defendido.
