La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este lunes el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y aseguró que ese documento dejó fuera información clave enviada previamente por el gobierno de México sobre las acciones emprendidas en materia de búsqueda y atención a personas desaparecidas.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación remitieron hace meses documentación al comité para explicar el trabajo reciente del Estado mexicano, incluyendo cambios legislativos, acciones con colectivos y medidas impulsadas desde 2019 para fortalecer la comisión de búsqueda. Según Sheinbaum, esos elementos no fueron considerados en la elaboración del informe.
“Hubo un documento previo que se presentó hace algunos meses, Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la comisión de búsqueda, y ahora cómo se está conformando más, en fin, varios temas”, dijo.
La presidenta remarcó que esa omisión fue una de las razones por las que su gobierno decidió rechazar el informe. “No fueron considerados por esta comisión, por eso se rechazó el documento y para mayores detalles pues ya la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores van a estar informando de cómo va avanzando”, agregó.
Sheinbaum cuestiona la metodología del informe
Sheinbaum también cuestionó el alcance del análisis realizado por el comité de la ONU. Según explicó, el informe se basó únicamente en casos de cuatro estados, Veracruz, Jalisco, Nayarit y Coahuila, correspondientes al periodo de 2009 a 2017, y a partir de ahí extendió sus conclusiones hasta 2025.
“Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025, cuatro estados de la República, análisis del 2009 al 2017, y hay una extrapolación hasta el 2025”, señaló.
La mandataria también sostuvo que la caracterización utilizada por el comité no corresponde con la definición de desaparición forzada contenida en los propios estatutos de Naciones Unidas, que, según dijo, se refiere a actos cometidos desde el Estado por motivos principalmente políticos. Bajo esa lógica, afirmó que el análisis presentado por el comité queda fuera de esa definición.
“En los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier estado de cualquier país del mundo para desaparecer personas por motivos principalmente políticos, el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión”, expuso.
México buscará hablar con el Alto Comisionado de la ONU
Además del rechazo público al informe, Sheinbaum anunció que su gobierno buscará comunicación directa con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para exponerle lo que, según dijo, se ha hecho en México en esta materia y las razones por las que no comparten el contenido del documento.
La presidenta recordó que el comité enviará su informe al Alto Comisionado y subrayó que ya existe una relación permanente con la oficina de derechos humanos de la ONU en México. A partir de eso, dijo que se buscará una relación más estrecha para explicar la postura del gobierno federal.
“Este comité va a enviar al Alto Comisionado de Naciones Unidas su informe. Nosotros tenemos una comunicación permanente con el responsable del Alto Comisionado en México de Derechos Humanos. Vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité”, resaltó.
El choque se da después de que el informe del Comité de Desapariciones Forzadas señalara que en México las desapariciones se siguen perpetrando como crímenes de lesa humanidad, mediante ataques generalizados o sistemáticos dirigidos contra la población civil. Frente a ello, el gobierno mexicano sostiene que el documento no incorporó información reciente, usó una metodología limitada y extendió conclusiones más allá del periodo analizado.
