La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la resolución que obliga a Elba Esther Gordillo a pagar 19 millones 269 mil 323 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.
Por unanimidad, el Pleno del máximo tribunal determinó que no existen temas de constitucionalidad que deban revisarse, por lo que quedó firme la sentencia que negó el amparo promovido por la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La disputa fiscal y el amparo
De acuerdo con el expediente, la autoridad hacendaria detectó que durante los años 2008 y 2009 Gordillo recibió ingresos adicionales a los de sueldos y salarios, identificados como depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito y de servicios.
La autoridad fiscal le requirió acreditar que dichos gastos correspondían a actividades realizadas en representación del SNTE, como congresos, conferencias o reuniones sindicales. Para ello, debía presentar la documentación que comprobara la existencia de una orden, encargo o mandato formal por parte del sindicato.
El 30 de agosto de 2021, la autoridad fiscalizadora notificó a Gordillo que contaba con 20 días hábiles para presentar documentos, libros y registros que desvirtuaran las observaciones derivadas de la revisión de gabinete practicada sobre los ejercicios fiscales señalados.
La ex dirigente sindical promovió un amparo directo contra la resolución. El caso fue analizado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que el 25 de febrero de 2021 negó la protección de la justicia federal.
El Tribunal sostuvo que fue correcta la decisión de la autoridad fiscal al considerar que los depósitos y pagos detectados constituían ingresos sujetos al pago de ISR. Además, señaló que si la contribuyente contaba con documentación para acreditar que los gastos fueron realizados en representación del sindicato, tenía el deber de conservarla.
La decisión de la Corte
Elba Esther solicitó a la SCJN revisar el caso y alegó la inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, al considerar que vulneraban sus derechos de audiencia y acceso a la justicia.
La ministra Lenia Batres Guadarrama presentó un proyecto en el que propuso declarar fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que impugnó la admisión de un amparo directo en revisión promovido por Gordillo.
Finalmente, el Pleno resolvió que no había elementos de constitucionalidad que ameritaran revisión, con lo que quedó firme la negativa de amparo y la obligación de pagar el monto determinado por la autoridad fiscal.
