La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el expresidente Donald Trump excedió sus facultades al imponer una serie de aranceles de manera unilateral, al determinar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no le otorga autoridad para establecer tarifas comerciales sin la intervención del Congreso.
Con una votación de seis contra tres, el máximo tribunal —de mayoría conservadora— limitó la capacidad del Ejecutivo para utilizar aranceles como instrumento de política económica y diplomática sin aprobación legislativa.
El fallo bloquea una de las herramientas centrales que Trump empleó durante su administración para presionar a socios comerciales y renegociar acuerdos internacionales.
El alcance del fallo
La decisión refuerza el papel del Congreso en materia de política comercial y marca un precedente sobre los límites constitucionales del presidente en el uso de medidas económicas extraordinarias.
Durante su mandato, Trump recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para justificar la imposición de aranceles a diversos países. La Corte determinó que dicha legislación no contempla la facultad de fijar tarifas comerciales de forma unilateral.
El dictamen podría restringir intentos futuros de cualquier presidente de imponer aranceles sin respaldo legislativo y obliga a revisar parte de las medidas adoptadas bajo ese esquema.
Impacto internacional
Los aranceles impulsados por Trump afectaron cadenas globales de suministro y generaron tensiones con aliados estratégicos.
En su política comercial reciente, el expresidente impuso nuevas tarifas a productos provenientes de Brasil, India y la Unión Europea, mientras otorgaba prórrogas a México para renegociar condiciones comerciales.
China también fue uno de los principales objetivos de la estrategia arancelaria, en el marco de una política proteccionista orientada a reducir el déficit comercial y fortalecer la industria nacional, según argumentó el propio Trump.
La Corte no se pronunció sobre la conveniencia económica de las medidas, sino sobre su legalidad, al considerar que el Congreso es la autoridad constitucional en materia de comercio exterior.
La resolución abre la puerta a un reacomodo en la política comercial de Estados Unidos y podría influir en negociaciones internacionales actualmente en curso.
