La ministra Lenia Batres presentó un proyecto que podría transformar de manera radical las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera. Su propuesta plantea que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, sin supervisión inmediata de un juez y sin necesidad de una petición internacional. El documento sostiene que el congelamiento de recursos es un simple “acto de molestia”, no una privación, aun cuando quien lo padece queda completamente inmovilizado en su vida económica.
El cambio es profundo. Durante años, la Suprema Corte había establecido que el bloqueo de cuentas exigía condiciones estrictas para evitar abusos: revisión judicial rápida, motivación reforzada, salvaguardas claras y en muchos casos una solicitud expresa de otro país. El proyecto de Batres rompe con ese estándar y propone un esquema donde la UIF puede actuar primero y justificar después.
Si el proyecto se aprueba, la UIF tendría la facultad de congelar el patrimonio de cualquier persona basándose únicamente en indicios de autoridades nacionales. Sin orden judicial, sin un plazo estricto para revisar el acto y sin un límite claro sobre la duración del bloqueo. Las consecuencias no son abstractas. Una persona con cuentas congeladas no puede pagar renta, nómina, medicinas, alimentos ni compromisos financieros, lo que convierte este supuesto “acto de molestia” en una afectación total de su vida cotidiana.
El proyecto también derriba jurisprudencia previa que funcionaba como contrapeso. Desaparece la obligación de control judicial inmediato, minimiza el carácter excepcional de la medida, desdibuja los requisitos de legalidad y amplía el margen discrecional de la UIF. Se trata de una reconfiguración de poder administrativo con implicaciones directas en seguridad jurídica, derecho al trabajo y protección del patrimonio.
Especialistas en derecho financiero advierten que la propuesta coloca a las personas en un escenario vulnerable: el Estado podría congelar sus recursos primero y revisar después si la sospecha tenía fundamento, una lógica más cercana a un castigo anticipado que a una medida cautelar. La ausencia de controles claros abre la posibilidad de errores, excesos y afectaciones irreversibles.
México necesita fortalecer la lucha contra el lavado de dinero. Lo que está en juego es si ese combate se construye sobre instituciones sólidas o sobre facultades amplificadas sin límites precisos. El proyecto de Batres inclina la balanza hacia un poder administrativo con controles muy débiles, donde la UIF gana margen y la ciudadanía pierde espacio de defensa.
El debate en la Suprema Corte será decisivo. Lo que se resuelva no solo definirá el futuro de la UIF, sino el alcance real que tendrá cualquier autoridad para intervenir en el patrimonio de millones de personas.
