El Estado de México cumple una década acumulando feminicidios sin que exista un punto de quiebre. Lejos de disminuir, la violencia contra las mujeres se ha normalizado hasta convertir a la entidad en el epicentro nacional de este crimen. Año tras año, el Edomex aparece a la cabeza de las estadísticas, sin que las autoridades logren revertir la tendencia.
Durante diez años consecutivos, los asesinatos de mujeres por razones de género han avanzado sin freno. Las alertas de género, los discursos oficiales y las promesas institucionales no han sido suficientes para proteger la vida de miles de mujeres que habitan la entidad más poblada del país.
El problema no es solo la violencia, sino la impunidad. La mayoría de los casos no se resuelven, las investigaciones se dilatan y las familias enfrentan un sistema que revictimiza, duda y archiva. En muchos municipios, denunciar significa exponerse al abandono institucional o al riesgo personal.
El Edomex concentra algunos de los contextos más peligrosos para las mujeres: transporte público inseguro, territorios controlados por el crimen, policías rebasadas y fiscalías sin capacidad real. A esto se suma la falta de prevención efectiva y la ausencia de políticas públicas sostenidas que ataquen las causas estructurales de la violencia.
Cada cifra representa una vida truncada y una familia devastada. Sin embargo, el Estado ha fallado en convertir la emergencia en prioridad. La violencia de género sigue tratándose como un problema secundario, administrado con campañas temporales y respuestas reactivas.
Que el Edomex lidere los feminicidios no es una casualidad ni una fatalidad. Es el resultado de años de omisiones, simulación y falta de voluntad política. Diez años después, la pregunta sigue siendo la misma y cada vez más urgente: ¿cuántas más tienen que morir para que algo cambie?
