El crimen organizado encontró una nueva máscara para operar en las carreteras del país: hacerse pasar por sindicatos. De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, grupos delincuenciales en el Estado de México utilizan vehículos con rótulos de supuestos gremios para simular acciones lícitas, interceptar transportes de carga y cometer robos con violencia.
Las bandas emplean camiones y unidades rotuladas como si pertenecieran a sindicatos de carga o asociaciones de transportistas. Bajo esa fachada, detienen tráileres, amenazan a operadores y sustraen mercancía sin levantar sospechas inmediatas. El método les ha permitido reducir hasta en 13 por ciento las “comisiones del delito”, es decir, los costos operativos del robo, al minimizar riesgos de intervención policial.
Las autoridades reconocen que este esquema ha sido detectado principalmente en corredores carreteros del Estado de México e Hidalgo, zonas clave para el traslado de mercancías. Según los reportes oficiales, los delincuentes incluso se presentan como “protección sindical”, ofreciendo paso seguro a cambio de cuotas, una práctica que mezcla extorsión, robo y control territorial.
Un modus operandi que evidencia fallas del Estado
El uso de símbolos sindicales para delinquir no solo es una estrategia criminal, es una radiografía del vacío institucional. Los delincuentes saben que la autoridad no verifica, no inspecciona y no distingue con rapidez entre transporte legal y estructuras criminales disfrazadas.
Mientras el gobierno presume operativos y estadísticas, los transportistas siguen siendo presa fácil. El robo carretero no solo afecta a grandes empresas, impacta directamente el precio de los alimentos, insumos y productos básicos que terminan pagando los ciudadanos.
Más grave aún es el mensaje que se envía: en México, el crimen puede suplantar organizaciones legales, circular con rótulos falsos y operar durante horas sin ser detenido. La frontera entre legalidad e ilegalidad se vuelve borrosa cuando el Estado pierde control del territorio.
El costo real lo paga la sociedad
Cada asalto carretero implica pérdidas económicas, encarecimiento de productos y mayor inseguridad para operadores que arriesgan la vida en cada viaje. La infiltración criminal bajo disfraces sindicales confirma que el problema ya no es solo de seguridad, sino de gobernabilidad.
Mientras no exista una estrategia clara para proteger carreteras y verificar quién circula y bajo qué respaldo legal, el crimen seguirá adaptándose más rápido que el gobierno.
