El nombre de Leyla Monserrat volvió a colocarse en el centro de la indignación nacional después de que se conocieran las sentencias dictadas contra las dos adolescentes responsables de su asesinato y de que comenzara a circular la versión de que el video del crimen llegó de manera anónima a su madre. La combinación de ambos elementos, la levedad del castigo y la crudeza de lo que se habría documentado, reabrió con fuerza la discusión sobre la justicia para adolescentes involucrados en delitos graves.
Leyla Monserrat tenía 15 años y era originaria del ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora. De acuerdo con la información que ha circulado sobre el caso, antes del crimen ya había sido víctima de acoso por parte de sus compañeras, quienes incluso habrían usado una fotografía suya para humillarla en redes sociales. La ruptura entre ellas ocurrió tras una pelea, aunque su madre, Carmen Becerra, dijo que nunca imaginó que ese conflicto terminaría poniéndola en peligro.
La citaron, la mataron y ocultaron su cuerpo
Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2025, cuando se reportó la desaparición de Leyla Monserrat. Días después, el 2 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que el cuerpo de la adolescente había sido hallado enterrado en el patio de una vivienda. Más tarde, el dictamen forense concluyó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.
Según la investigación, la joven fue engañada por dos adolescentes de 13 y 15 años, quienes eran antiguas amigas suyas. La hipótesis oficial sostiene que la citaron en un domicilio, la inmovilizaron, la asfixiaron y después ocultaron su cuerpo. Además, en redes sociales circula un video que presuntamente muestra el crimen y en el que se vería a la víctima amarrada a una silla, con los ojos vendados, mientras es asfixiada con una cuerda.
Ese elemento volvió todavía más explosivo el caso. Según versiones, el video habría llegado de manera anónima a Carmen Angélica Becerra Valencia, madre de Leyla Monserrat, y posteriormente fue presentado ante un juez en Sonora. Esa revelación convirtió el expediente en algo todavía más brutal para la opinión pública, porque ya no se habla solo de un feminicidio cometido por menores, sino también de un crimen presuntamente grabado y después revivido para la propia familia de la víctima.
Las sentencias desataron una nueva ola de enojo
La nueva sacudida vino con las sentencias. El sistema de justicia para adolescentes en Sonora resolvió que una de las implicadas deberá cumplir una pena de dos años y diez meses de internamiento, mientras que la segunda recibió libertad asistida y el pago de una reparación del daño por 5 mil 677 pesos. La difusión de esas sanciones encendió las redes y disparó el reclamo de colectivos y usuarios que consideran que el castigo no guarda proporción con la gravedad del crimen.
Esa reacción no es menor. El caso de Leyla Monserrat ya se había convertido en un símbolo de violencia extrema contra una adolescente en un contexto de humillación previa, agresión entre conocidas y un entorno de vulnerabilidad que terminó en feminicidio. Pero el tamaño de las sentencias reavivó otra discusión de fondo: si el marco actual del sistema de justicia para adolescentes está dejando prácticamente impunes casos que, por su brutalidad, conmocionan al país entero.
En Sonora y fuera del estado, el nombre de Leyla Monserrat volvió así a circular no solo como el de una víctima, sino como el de un caso que resume varias heridas abiertas al mismo tiempo: el acoso entre adolescentes, la violencia feminicida, la revictimización de las familias y una sensación de justicia insuficiente que hoy está provocando una indignación mucho más amplia que la de un expediente local.
