El Parlamento de Israel aprobó este lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, en una decisión que ya provocó fuertes críticas dentro y fuera del país por el alcance real que tendría contra la población palestina.
La reforma fue avalada por el pleno de la Knesset con 62 votos a favor y 48 en contra. De acuerdo con el texto aprobado, los tribunales militares israelíes estarán obligados, salvo excepciones que no fueron definidas, a imponer esa pena a palestinos residentes en Cisjordania ocupada. En cambio, a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes se les permite aplicar en su lugar cadena perpetua y se les imponen más condiciones para dictar la pena capital.
El primer ministro Benjamin Netanyahu asistió a la sesión y votó a favor de la reforma, impulsada por el partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Tras la aprobación, Ben Gvir intentó abrir una botella de champán en señal de celebración, aunque un ujier se lo impidió.
La reforma desata críticas por trato desigual y por su impacto sobre palestinos
Organizaciones de derechos humanos sostienen que la nueva ley está diseñada para aplicarse en la práctica a palestinos y no a ciudadanos judíos israelíes. Esa crítica también apareció durante el debate parlamentario. El diputado opositor Matti Sarfatti, del partido Yesh Atid, la calificó como una ley “populista, inmoral, no igualitaria” y la definió como “claramente inconstitucional”.
El texto también ha sido rechazado por actores internacionales. Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia se pronunciaron contra el proyecto, que además recibió críticas de organismos como la ONU y el Consejo de Europa.
La aprobación ocurrió poco después de que el pleno sacara adelante, al límite, la ley de presupuestos generales para 2026, con concesiones a partidos ultraortodoxos que forman parte del gobierno de coalición encabezado por Netanyahu. El contexto político ayuda a explicar el momento en el que se empujó una reforma de alto impacto y fuerte carga ideológica.
La ley abre la puerta a una aplicación distinta según quién sea juzgado
En la práctica, las autoridades israelíes suelen utilizar la categoría de “terrorista” para referirse a palestinos que atacan a soldados israelíes o a colonos que viven ilegalmente en Cisjordania, además de quienes cometen atentados en territorio israelí. Ahí está una de las claves de la polémica: la definición operativa del delito y quién queda realmente expuesto a la pena capital.
Si el asesinato ocurre en territorio israelí o en Cisjordania y el acusado es un colono israelí, el tribunal penal civil necesitará además una tercera condición para imponer la pena de muerte: que el crimen haya sido cometido con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel. Según lo expuesto en el debate, esa condición vuelve todavía más difícil que la sanción alcance a un judío israelí.
De acuerdo con el borrador aprobado, la ejecución deberá realizarse por ahorcamiento dentro de los 90 días posteriores a que la sentencia quede firme, y se mantendrá en reserva la identidad de quienes la lleven a cabo. La reforma, así, no solo endurece el castigo, sino que lo hace bajo un diseño legal que ya está siendo señalado por establecer un trato desigual desde su propia estructura.
