La desaparición del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México no ocurrió en silencio ni con consenso. Ocurrió entre empujones, gritos, insultos y amenazas dentro del Congreso capitalino. Así, a la fuerza y sin debate de fondo, la mayoría de Morena y sus aliados consumaron la extinción del órgano encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales de los ciudadanos.
La sesión legislativa fue un reflejo del fondo del asunto. Legisladores de oposición denunciaron agresiones físicas y verbales durante la discusión del dictamen que elimina al Info CDMX y transfiere sus funciones a distintas áreas de la Contraloría capitalina. La escena no fue menor: mientras se hablaba de transparencia, el proceso se imponía mediante confrontación y cerrazón.
La decisión implica que el mismo gobierno que genera información, contrata servicios y maneja recursos públicos será ahora juez y parte en la revisión de su propia opacidad. La Contraloría, dependiente del Ejecutivo local, asumirá funciones que antes recaían en un órgano autónomo diseñado precisamente para evitar conflictos de interés.
Especialistas y organizaciones advierten que el golpe no es administrativo, sino democrático. Sin un instituto independiente, los ciudadanos pierden un contrapeso clave para exigir cuentas, acceder a documentos oficiales y defender sus datos personales frente al poder.
Morena justificó la desaparición bajo el argumento de simplificación y ahorro. Sin embargo, no se presentó un análisis técnico que garantice que los derechos de acceso a la información y protección de datos no se verán debilitados. La oposición denunció que se trata de un retroceso deliberado hacia un modelo de control y discrecionalidad.
El mensaje es claro y preocupante. En la Ciudad de México, el derecho a saber queda subordinado a la voluntad política del gobierno en turno. La transparencia deja de ser un derecho garantizado y pasa a ser una concesión administrada desde el poder.
Lo ocurrido en el Congreso no solo sepulta a un instituto. Sepulta una idea fundamental de la democracia: que el ciudadano puede vigilar al gobierno sin miedo, sin pedir permiso y sin ser agredido por hacerlo.
