La eventual llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República no es un simple movimiento administrativo ni un relevo rutinario. Para especialistas, exfiscales y académicos consultados, el nombramiento sería el golpe más severo a la autonomía del Ministerio Público federal desde su creación en 2019. No porque Godoy carezca de trayectoria, sino porque su carrera está marcada por una cercanía política directa con el presidente López Obrador y con el grupo gobernante en la Ciudad de México.
Durante su gestión en la Fiscalía capitalina, Godoy acumuló cuestionamientos por su participación activa en investigaciones contra opositores, como el llamado “cártel inmobiliario”, mientras múltiples casos de alto impacto quedaron sin resolver o avanzaron con lentitud. La acusación no es nueva: organizaciones civiles han señalado que, bajo su dirección, la procuración de justicia en la CDMX se utilizó selectivamente y con un sesgo evidente. Para un organismo que debe ser independiente, ese historial no es menor.
La FGR se creó precisamente para evitar la subordinación política que caracterizó a la antigua PGR. La Constitución y su ley orgánica plantean como principio rector la autonomía técnica y operativa para investigar delitos, exigir cuentas al poder y actuar sin instrucciones del Ejecutivo. Por eso la posible designación de Godoy se interpreta como una paradoja: una fiscalía que nació para evitar la captura política ahora estaría por quedar en manos de una figura abiertamente alineada con el poder en turno.
A eso se suma la presencia creciente del llamado “círculo Godoy” en distintas oficinas del gobierno: familiares directos colocados en cargos federales, estatales y locales, algunos con sueldos altos y responsabilidades estratégicas. No se trata, como se ha dicho en declaraciones públicas, de “coincidencias”. Es un patrón que alimenta la percepción de que el proyecto no es fortalecer la justicia, sino construir un bloque de control institucional.
Analistas advierten que la llegada de Ernestina Godoy a la FGR podría traducirse en varios riesgos:
• Persecución selectiva contra disidentes, opositores o voces críticas.
• Opacidad en investigaciones clave, especialmente las relacionadas con redes de corrupción de alto nivel.
• Subordinación de decisiones técnicas a criterios políticos.
• Debilitamiento de la confianza pública en la única institución encargada de garantizar que nadie esté por encima de la ley.
Incluso dentro del oficialismo existe preocupación. Integrantes del Poder Judicial y funcionarios de áreas de seguridad reconocen, en privado, que colocar a alguien con una cercanía tan evidente al proyecto político federal podría desatar conflictos de competencia, tensiones con el Ejército y una fractura en la coordinación entre fiscalías estatales.
La discusión de fondo es más grande que un nombramiento: ¿puede la FGR seguir llamándose “autónoma” si su titular actúa como brazo político del gobierno?
Para muchos, la respuesta ya es evidente.
La llegada de Godoy no sería un “relevo técnico”. Sería el inicio de una fiscalía alineada, condicionada y obediente.
Y eso, en un país donde la impunidad ronda el 95%, no es una mala señal.
Es una alarma encendida.
