La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desaparecidos desde el 25 de noviembre en Zapopan, Jalisco, fueron encontrados con vida. Aunque presentaban lesiones, están fuera de peligro y ya reciben atención médica. La noticia llega tras días de tensión y un operativo federal que dejó al descubierto, una vez más, la vulnerabilidad del Estado frente al crimen organizado.
Los agentes, que realizaban labores de inteligencia, desaparecieron mientras se trasladaban hacia Guadalajara. Su vehículo oficial fue encontrado abandonado y con impactos de bala en la zona de Paseo de los Virreyes. Ese hallazgo encendió las alarmas dentro del gobierno federal y detonó un despliegue conjunto del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y autoridades estatales.
Sheinbaum aseguró que fueron ubicados “en buen estado de salud”, aunque fuentes dentro de la SSPC confirmaron que ambos presentaban heridas causadas durante su secuestro. El titular de la dependencia reconoció que su rescate fue posible gracias a la coordinación de las fuerzas federales, pero no ofreció detalles sobre cómo fueron localizados ni quiénes podrían estar detrás de la agresión.
El caso volvió a exponer la gravedad del panorama en Jalisco, uno de los estados más golpeados por desapariciones, ataques armados y agresiones directas contra personal de seguridad. La desaparición de dos agentes federales en pleno operativo de inteligencia ilustra no solo la capacidad de los grupos criminales, sino también la fragilidad institucional para proteger a quienes deberían estar más resguardados.
El hallazgo con vida representa un alivio temporal, pero abre preguntas inevitables: ¿cómo pudieron ser privados de la libertad?, ¿qué protocolos fallaron?, ¿quiénes están detrás del ataque?, ¿y por qué siguen repitiéndose hechos que muestran la debilidad del Estado ante la delincuencia organizada?
Mientras el gobierno celebra el rescate, la realidad permanece: los criminales continúan imponiendo rutas, horarios y condiciones incluso en zonas urbanas de alta vigilancia. Y si el Estado es incapaz de garantizar la integridad de sus propios agentes, la ciudadanía queda aún más expuesta.
