Ayer lunes llegó a México el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, después de ser extraditado desde Guatemala para enfrentar un juicio en nuestro país por cargos de corrupción.
¿Pero qué tiene de especial este caso y qué implica que en nuestro país los delitos mayores sean juzgados como menores? ¿Se trata de la famosa impunidad de la que hablan los medios informativos como el New York Times?
Para entender lo que representa Javier Duarte y el proceso legal que está a punto de enfrentar, hay varios puntos que necesitamos conocer.
En primer lugar, el proceso contra Duarte representa el mayor ejemplo actual de corrupción en México, ya que la Auditoría Superior de la Federación, como órgano de fiscalización de fondos públicos, señala que de 2010 a 2015 el ex gobernador de Veracruz desvió más de 45 mil millones de pesos por medio de empresas fantasma.
¿Por qué esta cifra que equivale a 3 mil millones de dólares nos debe preocupar? Porque es la cifra más elevada de desfalco para cualquier entidad pública federal o estatal registrada hasta ahora por la auditoria Superior de la Federación.
En segundo lugar, Javier Duarte será juzgado por el nuevo sistema de justicia acusatorio en México, en el que las audiencias ya son orales, en lugar de expedientes escritos, y que exige requisitos más estrictos en la recopilación de pruebas y peritajes.
Como pueden ver, el gobierno de México tiene dos oportunidades de probar a los mexicanos y al mundo, que este nuevo sistema de justicia funciona y que efectivamente se está luchando contra la impunidad.
Es un momento decisivo para las autoridades mexicanas, cuando en la Procuraduría General de la República el caso de Javier Duarte es uno de los 13 relacionados con gobernadores que son investigados por diversos casos de corrupción.
Sin embargo, algo está pasando en la impartición de justicia cuando en los últimos tres años la auditoria Superior de la Federación presenta 740 denuncias por desvíos y afectaciones a las cuentas públicas, pero sólo 30 han sido resueltas.
Por estas cifras es que la mirada internacional señala a México como uno de los países donde la impunidad prevalece por encima de la justicia.
Francisco Reyes Heroles, director del consejo de Impunidad Cero, señala que de cada cinco homicidios en nuestro país, sólo uno es procesado. Considerando que en los últimos años las cifras han subido de 12 mil a 22 mil homicidios anuales, no es de extrañar que los mexicanos estemos hartos de la corrupción y la impunidad.
Por eso el proceso de Javier Duarte ha despertado tanto interés a nivel mundial, porque al parecer, estamos frente a otro ejemplo del México donde los grandes criminales son juzgados a su conveniencia, y no a favor de la sociedad mexicana que lastimaron con sus delitos.
Recordemos que el 21 de septiembre del año pasado, la Procuraduría General de la República comienza la investigación por el desvío de recursos públicos del entonces gobernador de Veracruz. Dos semanas después, el 12 de octubre, Javier Duarte solicita licencia al cargo de gobernador y es ésta la última vez que lo vemos en público.
Y aquí empieza el circo mediático, cuando la PGR declara a Javier Duarte como prófugo de la justicia y emite una orden de aprehensión. Ocho días más tarde desde que da inicio la investigación y que en los medios informativos se comenta la inminente huida del ex gobernador.
El 10 de noviembre detienen en Tapachula, Chiapas, a Mario Medina Garzón, primo de la esposa de Javier Duarte, Karime Macías. En el momento de la captura le confiscan dos pasaportes falsos, uno de Karime y el otro del ex gobernador.
Dos meses después, el 27 de enero, la Interpol emite una ficha roja para capturar a Javier Duarte en todo el mundo.
Pero es hasta el 14 de abril que una pista comienza a dar indicios del lugar en donde se encuentra escondido Duarte. Cuando su familia renta una aeronave para viajar de Toluca a Guatemala.
Movimiento en el que la policía federal consigue capturar a José Armando Rodríguez Ayache, quien lleva consigo 11 mil euros y más de mil dólares para su concuño Javier Duarte. Un día después, las autoridades mexicanas y guatemaltecas anuncian la captura del ex gobernador de Veracruz.
El 27 de junio, en una segunda audiencia ante los juzgados de Guatemala, Javier Duarte acepta ser extraditado a México para responder por los cargos de abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
En este momento vemos una vez más la actitud cínica del ex gobernador, quien con una sonrisa dice que son cargos “irrisorios”.
Una semana más tarde, el 4 de julio, se lleva a cabo la tercera audiencia, donde el gobierno federal mexicano lo acusa además de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Ante lo cual, Javier Duarte decide allanarse porque afirma que no cometió los delitos que se le imputan.
Y finalmente, ayer 17 de julio a las 12:24 horas, Javier Duarte Ochoa llegó en un vuelo desde Guatemala al hangar de la PGR en la Ciudad de México.
El ex gobernador de Veracruz permaneció hora y media en el hangar, mientras se le practicaba un examen médico y se le notificó de la ejecución de orden de aprehensión en su contra.
A las 2 de la tarde, Javier Duarte fue llevado en una camioneta blanca, blindada y sin placas de la Agencia de Investigación Criminal, en medio de 11 camionetas blindadas y motopatrullas del Gobierno de la Ciudad de México, con rumbo al Reclusorio Norte.
Y aquí viene la pregunta que todos los mexicanos hacemos al gobierno…
¿Podrá el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que promulgó el presidente Enrique Peña Nieto hace un año, juzgar a Duarte como un criminal que robó 45 mil millones de pesos al país?
¿El nuevo sistema acusatorio, con sus juicios orales que se supone que son más transparentes y rápidos, dictará una sentencia justa y podrá recuperar todo ese dinero?
O, como dicen los medios informativos tanto nacionales como extranjeros, ¿volverá a reinar la impunidad y Duarte saldrá libre en unos meses y sin haber devuelto un solo peso?