- Mónica González Contró, Magdalena Cervantes Alcayde, Julieta Morales Sánchez y Corina Giacomello estudiaron la situación que enfrentan y plantearon opciones para garantizar sus derechos
La discriminación se define como la negación de los derechos, y en el caso de las mujeres que están privadas de la libertad, y de las y los menores que viven con sus madres en la cárcel, se registran múltiples actos de este tipo, afirmó la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González Contró.
Al abordar el tema “Maternidad en prisiones, afectaciones a las mujeres, a las niñas y niños en el marco del informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo que las recomendaciones contenidas en ese documento “nos dan una hoja de ruta”.
Se trata de decir lo que está mal, lo cual es relevante, porque debemos partir del diagnóstico de lo que sucede, y también saber qué tenemos que hacer para que, junto con sus hijos, tengan garantizados sus derechos fundamentales que no les han sido restringidos, abundó al moderar el Ciclo de Conferencias introductorias al Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación
A su vez, la excoordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del IIJ y estudiante del doctorado en Derecho que coordina dicha entidad académica, Magdalena Cervantes Alcayde, refirió:
El documento titulado “Mujeres privadas de la libertad en las Américas” señala el crecimiento de la población carcelaria femenina. Actualmente ellas representan ocho por ciento; sin embargo, en las últimas dos décadas la proporción se ha incrementado en más del doble.
En el Aula Centenario del IIJ destacó que en las políticas en materia de drogas y penitenciarias no se consideran factores como el impacto del encarcelamiento de las mujeres en las personas que tienen a su cargo o bajo su cuidado; o la violencia, exclusión social y laboral que enfrentan.
El estudio refiere que, en general, tienen reducidas oportunidades económicas y educativas, y una cantidad considerable se encuentra en situación de pobreza. Se trata de jefas de familia que llegan a cometer delitos ante la falta de recursos para solventar las necesidades básicas de sus familias.
Además, abundó Cervantes Alcayde, coloca otro elemento: un número importante ha padecido violencia física, económica, psicológica, previo al encierro, y una proporción se involucró en delitos relacionados con drogas a partir del consumo.
De las encarceladas, 87 por ciento son madres que están a cargo de hogares monoparentales y son las únicas cuidadoras de los hijos. Su encarcelamiento, en la mayoría de los casos, genera pérdida de los vínculos familiares. Se suma la ausencia de políticas públicas de apoyo a los menores con progenitoras en prisión, resaltó Magdalena Cervantes.
Buscar alternativas
Julieta Morales Sánchez, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que, de acuerdo con cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, a diciembre de 2022 había en México 228 mil personas privadas de la libertad, 12 mil son mujeres.
En numerosas cárceles para ellas en las américas no se prevén espacios para visita conyugal, toda vez que “son abandonadas por las familias porque desafiaron el estereotipo de mujer buena, noble, perfecta, conforme a la ley”. Además, se les considera carentes de deseo sexual y tampoco se ve a los hombres formados para visitarlas cada fin de semana.
Están más sujetas a prisión preventiva, oficiosa y justificada; “ahí tenemos el tema del acceso a la justicia y el derecho a una defensa efectiva que se diluye porque no hay recursos para cubrir el gasto de un abogado”.
El informe refiere que una madre puede vivir con sus hijos en la prisión, de 6 meses a 12 años, dependiendo el país. Pero, cuestionó la especialista, ¿cómo viven ahí los menores?
Hay que garantizar su alimentación, vacunación, educación, vestido, atención médica, etcétera. En tanto, las madres deberían poder trabajar y tener una remuneración dentro de la prisión, para lo cual se requieren espacios donde cuiden a los pequeños, aseveró Morales Sánchez.
La gran pregunta es si está justificada la privación de la libertad de madres y sus hijos cuando existen mecanismos de vigilancia electrónica; la respuesta de varios es que es cara, pero hay que preguntarse cuánto cuestan los salarios del personal penitenciario, del director de la prisión, custodios, de la alimentación, servicios, etcétera. Incluso, varios países optan por mecanismos de detención domiciliaria para quienes tienen hijos de hasta 12 años, mencionó la universitaria.
De acuerdo con la integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, Corina Giacomello, de 2000 a 2022 el número de personas privadas de la libertad ha crecido a escala mundial en 30 por ciento; en el caso de mujeres, 60 por ciento. “El aumento cuantitativo también tiene una dimensión cualitativa”.
Seguimos encarcelando a las que vienen de los estratos más pobres, con altos niveles de violencia en sus vidas, con pocas redes de apoyo, recluidas la mayoría en centros mixtos (porque hay pocos exclusivos para ellas), y acusadas principalmente de delitos menores no violentos.
En México, 40 por ciento de las encarceladas lo están por el delito de robo, principalmente, robo simple, seguido por secuestro y homicidio. De ellas, 67.8 por ciento declaró tener hijos menores de edad, y de estas más de 50 por ciento tiene de dos a tres.
A finales de 2022 se registraron en el país 325 menores de seis años que vivían con sus madres en centros penitenciarios y especializados. Para los menores se materializa una privación de la libertad de facto, que los coloca bajo el mismo régimen y precariedades que las sufridas por sus progenitoras.
Giacomello recomendó, entre otros aspectos, priorización de medidas alternativas al encarcelamiento para embarazadas y también para principales o únicas cuidadoras de menores de edad.