La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero abrió una carpeta de investigación contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por el presunto delito de cohecho, luego de que se hiciera público que portaba un collar de lujo cuyo origen no ha sido aclarado.
La indagatoria se inició tras una denuncia formal que señala la posible recepción indebida de un bien valuado en más de 200 mil pesos, lo que, de confirmarse, podría configurar un delito grave para una servidora pública en funciones.
Un collar de lujo bajo la lupa de la Fiscalía
De acuerdo con la investigación, el objeto en cuestión es un collar de la marca Van Cleef & Arpels, valuado en aproximadamente 227 mil pesos, que la alcaldesa habría portado en actos públicos. El caso generó polémica luego de que López Rodríguez afirmara que se trataba de un “regalo del pueblo”, explicación que no convenció a sus críticos ni a las autoridades.
La denuncia fue presentada por el ex candidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, quien solicitó que se investigara si la joya fue recibida como dádiva indebida por parte de un particular, lo que está prohibido por la ley.
Orden de presentación y testigos ya declararon
Como parte del procedimiento, la Fiscalía giró una orden de presentación para que la alcaldesa acuda a declarar. Además, se solicitó documentación oficial al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero para acreditar su carácter de servidora pública, y al menos dos testigos ya rindieron declaración ante la autoridad anticorrupción.
El delito de cohecho, según el Código Penal del estado de Guerrero, se configura cuando un funcionario recibe dinero, bienes o beneficios a cambio de actos relacionados con su cargo. Las sanciones pueden incluir penas de prisión y multas, dependiendo del valor del beneficio recibido.
El caso ha reavivado el debate sobre la austeridad proclamada por gobiernos de Morena y la distancia entre el discurso político y la realidad de algunos de sus funcionarios. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y será la Fiscalía la que determine si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra la presidenta municipal.
