La juez, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, consideró que 50 demandas son improcedentes pues aclara que el juicio de amparo no es la vía idónea para analizar políticas públicas de los Poderes de la Unión.
Según el poder que le confiere no le corresponde imponer una obligación a vendedores de gasolina, para que realicen el cobro de productos que venden, bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades, explicó.
«No sería jurídicamente factible, ordenar a las autoridades responsables que legislaran nuevamente en materia económica y de política pública, y “rediseñaran” un nuevo esquema de fijación de precios», señala el comunicado de la Judicatura Federal.
Hasta el día de hoy se han ingresado 3015 demandas de amparo en todo el país.
Con información de El Financiero