La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este martes el informe del Comité contra la Desaparición Forzada y aseguró que México “no está rebasado” frente a la crisis de desapariciones. Durante su conferencia matutina, sostuvo que el documento presenta una visión tendenciosa, omite acciones recientes de su gobierno y hace una extrapolación incorrecta al hablar de posibles crímenes de lesa humanidad.
La mandataria cuestionó además que el caso mexicano pueda ser llevado ante la Asamblea General de Naciones Unidas, al considerar que el Estado sí está actuando y que existen avances institucionales para atender el problema. En ese sentido, defendió que hay medidas en marcha, reformas legales y trabajo con instancias de búsqueda que no fueron reconocidos en el informe.
“No entendemos por qué es la extrapolación de crimen de lesa humanidad”, dijo Sheinbaum. También preguntó por qué no se reconoce que por primera vez se instaló una Comisión de Búsqueda y por qué se pretende llevar el tema a la Asamblea de Naciones Unidas.
Sheinbaum cuestiona el enfoque del Comité
La presidenta sostuvo que el informe no toma en cuenta el contexto ni la diferencia entre desaparición forzada, en términos estrictos, y las desapariciones vinculadas con el crimen organizado. Según explicó, la definición internacional de desaparición forzada implica la participación directa del Estado, como ocurrió en otros momentos históricos, mientras que el fenómeno actual en México está relacionado mayoritariamente con estructuras criminales.
Desde esa perspectiva, afirmó que su gobierno sí está enfrentando el problema y rechazó la idea de que exista una omisión deliberada del Estado mexicano. “El Estado mexicano no está rebasado y se actúa en delitos que se presentaron a partir de la guerra contra el narco”, subrayó.
En la misma línea, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que calificó el informe como tendencioso y aseguró que no refleja los avances institucionales registrados entre 2019 y 2025. Entre las acciones que el gobierno considera omitidas están el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, reformas legales y el diálogo con colectivos.
El choque está en cómo se interpreta la crisis
Uno de los puntos centrales del desacuerdo está en la forma en que se define y se interpreta el fenómeno. Mientras el gobierno mexicano insiste en que la desaparición forzada, según los estándares internacionales, requiere participación directa del Estado, el Comité analiza el problema desde una mirada más amplia y considera patrones de desapariciones a lo largo del tiempo.
Sheinbaum también cuestionó la naturaleza del propio Comité al señalar que se trata de un grupo de expertos y no de un organismo como la ONU o la UNESCO. Sin embargo, el propio CED ha sostenido que su trabajo forma parte del sistema internacional de derechos humanos, ya que sus integrantes son elegidos por los Estados miembros y su mandato proviene de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, explicó que el informe no se limita a una administración específica, sino que revisa la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad. Esa diferencia de enfoque es la que hoy tiene al gobierno mexicano en abierta confrontación con el documento.
El informe fue enviado a la Asamblea General
El documento fue remitido a la Asamblea General como parte de los mecanismos previstos en la convención internacional cuando existen indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas. Ese paso busca colocar el tema en la agenda global y abrir la puerta a medidas de cooperación internacional.
Frente a eso, Sheinbaum insistió en que su administración no niega la gravedad del problema, pero sí rechaza la narrativa del informe. Según dijo, México sí ha puesto en marcha acciones concretas para atender una de las crisis más delicadas en materia de derechos humanos, aunque considera que eso no fue reflejado en el análisis del Comité.
