El debate en torno a la reforma del Poder Judicial en México ha alcanzado un nuevo punto de tensión. La presidenta Claudia Sheinbaum y la jueza Nancy Juárez Salas se encuentran en el centro de la controversia sobre la legalidad de los amparos interpuestos contra la reforma, la cual busca elegir a jueces y magistrados por voto popular.
El desacato y el artículo 61
El pasado lunes 22 de octubre, la presidenta Sheinbaum reafirmó su postura en torno a la reforma judicial, señalando que es la jueza Nancy Juárez quien se encuentra en desacato. Durante su conferencia matutina, conocida como “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum explicó que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que no es aplicable en modificaciones a la Constitución, por lo que la petición de bajar la reforma del Diario Oficial de la Federación (DOF) es improcedente.
“Nosotros estamos actuando de manera procedente. Vamos a denunciar a esta jueza ante el Consejo de la Judicatura”, advirtió Sheinbaum, subrayando su compromiso con la reforma que busca transformar el sistema judicial en México.
La respuesta de Nancy Juárez
Por su parte, la jueza Juárez Salas ha defendido la legalidad de los amparos presentados, argumentando que estos no son contra la reforma en sí, sino contra el proceso legislativo previo. En una entrevista con el periodista Manuel Feregrino, la jueza afirmó que “el amparo es procedente”, desestimando las declaraciones de la mandataria.
Juárez también hizo referencia al artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual establece que siempre debe haber un recurso efectivo y legal. Según la jueza, este artículo respalda la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para defender la independencia judicial y los derechos humanos en México.
Salarios en el Poder Judicial
Otro tema que Sheinbaum ha señalado en este enfrentamiento es el elevado salario de los trabajadores del Poder Judicial. Durante su conferencia, destacó que los sueldos de jueces, magistrados y consejeros de la judicatura superan las prestaciones marcadas en el artículo 127 de la Constitución. Según la presidenta, esto refuerza la percepción de que ciertos sectores del Poder Judicial buscan mantener privilegios.
Un consejero de la judicatura, según Sheinbaum, percibe hasta cinco millones 529 mil 451 pesos brutos anuales, mientras que un juez de distrito recibe alrededor de cuatro millones 50 mil 903 pesos al año, sin importar que existan quejas o sanciones en su contra. La jueza Nancy Juárez ha sido señalada por denuncias de desempeño deficiente, nepotismo y acoso laboral, lo que añade más tensión a su figura en medio de este conflicto.
Un conflicto en evolución
El enfrentamiento entre la presidenta Sheinbaum y la jueza Juárez representa una disputa clave en el panorama político y judicial de México. Mientras la reforma judicial sigue su curso, el debate sobre la independencia del Poder Judicial y la validez de los amparos planteados continuará. Este caso pone en juego no solo el destino de la reforma, sino también la legitimidad del sistema judicial mexicano.