La Coordinación Estratégica para Fortalecer el Desarrollo Urbano Sustentable, integrada por 13 dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, acordó coinco acciones prioritarias en torno a la revisión de proyectos de alto impacto, para dar continuidad al trabajo que viene realizando desde abril pasad, luego de que en julio la administración capitalina determinara un periodo de suspensión a las autorizaciones de este tipo de construcciones.
Durante la sexta sesión de trabajo de dicha coordinación, las autoridades determinaron, primero, fortalecer el apoyo jurídico y administrativo a las 16 alcaldías, para no autorizar ningún desarrollo inmobiliario irregular que genere problemas en detrimento de la CDMX y la población. Y, segundo, de manera paralela dar el acompañamiento necesario a los equipos de transición para evaluar los trámites ya ingresados, siempre bajo el principio de integralidad en cuanto al impacto ambiental, de protección civil, agua y movilidad, entre otros aspectos.
Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), informó sobre los proyectos que requieren estudios de impacto urbano (edificaciones de más de 10 mil metros de uso habitacional o más de cinco mil de uso mixto), que a la fecha suman 186 proyectos en trámite; de los cuales, 35 están en proceso de aprobación, 19 en una segunda valoración, 95 en revisión por distintas dependencias y 37 son nuevos ingresos.
En lo que se refiere a los polígonos de actuación existen 125 trámites; de ellos, 46 son procedentes, 20 requieren profundizar el análisis, 14 serán rechazados y 45 de nuevo ingreso. Por lo que toca a los Sistemas de Transferencia de Potencialidad, hay 20 trámites, 13 procedentes, tres en segunda evaluación y cuatro nuevos ingresos.
Como tercer acuerdo, las autoridades reafirmaron que los desarrollos que tengan irregularidades en materia de uso de suelo serán sancionados con todo el rigor de Ley, contemplando incluso su demolición parcial; que analizarán puntualmente las licencias o permisos especiales que emiten las alcaldías, además de que se resguardará el folio para escrituración.
La directora del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Griselda Martínez Vázquez, señaló que actualmente se tienen en custodia mil 828 folios, para no permitir la inscripción de actos jurídicos irregulares.
Por lo anterior, y como cuarto acuerdo, el Gobierno de la Ciudad de México se compromete a seguir trabajando en coordinación con las nuevas alcaldías para la ejecución de verificaciones, pues a pesar de que la nueva Constitución señala que es una de sus responsabilidades, en su mayoría carecen del personal necesario para tal fin.
Finalmente, el consejero Jurídico y de Servicios Legales (CEJUR), Vicente Lopantzi García, sostuvo que para agilizar los procesos que establece la normatividad, ya sean reglamentos o normas complementarias, en días pasados se publicaron reformas en materia de desarrollo urbano para establecer medidas más restrictivas en la expedición de certificados.
La Contraloría General de la Ciudad de México, en voz de su titular Eduardo Rovelo Pico, dijo que se instruyó a las 16 contralorías internas de las alcaldías a que brinden acompañamiento puntual durante la suspensión de términos, en la revisión de las áreas y los procedimientos que se están llevando a cabo para impulsar mecanismos de control adecuados.
Por otra parte, de acuerdo con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 se han realizado tres mil 148 visitas de verificación de desarrollos habitacionales de los cuales se han suspendido actividades en 122, aplicado 525 clausuras y determinado multas por 87 millones de pesos.
Del 3 de agosto al 9 de octubre de 2018 se han recibido 725 solicitudes de verificación, de las cuales se han efectuado 719. En las alcaldías se han detectado, en un primer levantamiento, mil 400 obras en proceso, se han revisado 900 y 141 ya fueron clausuradas.
La sesión de la Coordinación Estratégica para Fortalecer el Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad de México, a la que asistió el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto.
También asistieron Miguel Ángel Cancino Aguilar, procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; Alberto Antonio Valle Gay, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur); José Luis Valle Cosío, titular del INVEA, y representantes del Sistema de Aguas (SACMEX) y de las secretarías de Protección Civil, Movilidad (SEMOVI) y Medio Ambiente (SEDEMA), así como la asesora en materia de desarrollo urbano, Gabriela Quiroga García, entre otros.