El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a integrantes del círculo cercano de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por presuntos vínculos con redes de lavado de dinero y operaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
La información, revelada en el informe más reciente de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), detalla que los señalados forman parte de empresas fronterizas utilizadas como fachada para el movimiento de recursos ilícitos, tanto en territorio mexicano como estadounidense.
El organismo estadounidense ordenó el congelamiento inmediato de activos y la prohibición de transacciones financieras con las personas y entidades incluidas en la lista. En el documento, la autoridad advirtió que las redes del narcotráfico “han penetrado estructuras políticas y administrativas” en estados fronterizos.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, la inclusión de nombres vinculados con una figura política en funciones representa una escalada sin precedentes en la relación bilateral, al extender la estrategia de sanciones no solo a criminales identificados, sino también a operadores políticos y financieros que facilitan sus operaciones.
La gobernadora Marina del Pilar no ha emitido una postura oficial hasta el momento, mientras que el gobierno federal ha evitado pronunciarse sobre el caso. Sin embargo, funcionarios de seguridad estadounidense aseguraron que se mantendrá la supervisión y cooperación con México en materia de inteligencia financiera.
El episodio se produce en medio de la presión internacional por la expansión del Cártel de Sinaloa, identificado por la DEA como la principal amenaza criminal transnacional. En este contexto, el involucramiento de figuras políticas mexicanas marca un punto crítico para la credibilidad institucional y la confianza internacional.
