México se encuentra al borde de un conflicto internacional sin precedentes. La reforma judicial impulsada por el gobierno federal, que destituyó a todos los jueces del país y plantea su elección por voto popular, podría derivar en una condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar principios fundamentales de independencia judicial.
La medida, presentada por el oficialismo como una “democratización del sistema judicial”, ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales, juristas y defensores de derechos humanos que advierten que lejos de fortalecer la justicia, la subordina al poder político.
Tamara Taraciuk, directora del programa del Diálogo Interamericano, advirtió que México será condenado por la CIDH, pues la reforma “rompe el equilibrio de poderes y viola convenciones internacionales firmadas por el propio Estado mexicano”. Explicó que ningún país puede despedir masivamente a sus jueces ni someter su independencia al voto popular sin vulnerar el acceso a la justicia ni quebrantar la división de poderes.
El precedente es claro. En casos anteriores como Venezuela (Apitz Barbera vs. Venezuela), Ecuador (Camba Campos) y Honduras (López Lone), la Corte Interamericana condenó a los gobiernos que manipularon el poder judicial mediante destituciones, presiones o reformas orientadas al control político. En todos los escenarios, el patrón fue el mismo: la eliminación del juez independiente para consolidar el poder del Ejecutivo.
Expertos constitucionalistas han señalado que la independencia judicial es un pilar esencial de cualquier democracia, y su destrucción equivale a la muerte del Estado de Derecho. Cuando el juez depende del gobierno o del voto popular, “deja de servir al ciudadano y comienza a obedecer al poder”, advierten los especialistas.
El caso mexicano podría convertirse en un precedente histórico en América Latina, pues se trata de la primera vez que una democracia constitucional elimina por completo a su cuerpo judicial para reemplazarlo mediante una elección masiva, sin evaluación técnica ni garantía de imparcialidad.
Si la CIDH emite una condena, México enfrentaría una crisis institucional y reputacional profunda, además de sanciones políticas y legales en el ámbito internacional. En palabras de Taraciuk, “lo que muere no es el juez: es la libertad”.
