Es bien sabido que boleteras, como Ticketmaster, tienen muchas acusaciones por mal trato a los usuarios, incluso se les acusa por darles preferencia a los revendedores. Sin embargo, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, aprobó un dictamen que plantea reformar las leyes federales de Protección al Consumidor, y de Competencia Económica para regular los mecanismo que utilizan estas empresas.
Con 24 votos a favor y 11 en contra, se aprobó un dictamen en donde se enviará el documento avalado a la Mesa Directiva para que se programe su votación en pleno, donde se establece que en caso de cancelación, las boleteras deberán reintegrar al consumidor el 100% del dinero pagado, es decir, el precio del boleto más los cargos.
Lo anterior deberá aplicarse dentro de los 30 días naturales siguientes sin necesidad de que el consumidor haga la solicitud. En el caso de que el evento sea pospuesto, el consumidor podrá decidir si quiere asistir en la nueva fecha con su mismo boleto, o solicita su reembolso dentro de los 30 días naturales.
En caso de que el prestador de servicios carezca de los datos para identificar a los usuarios o la cuenta de éste para procesar el reembolso, el consumidor tendrá un plazo de 30 días naturales para solicitarlo a partir del anuncio de la cancelación.
Con esto, el proveedor de boletos digitales tendrá la obligación de informar de manera precisa el costo total de sus servicios, cargos y comisiones, además de implementar protocolos de prevención y denuncia que busquen evitar el acaparamiento y la reventa no autorizada.
Dicha reforma también señala que Profeco sancionará la reventa no autorizada, por lo que quienes ofrezcan o comercialicen mediante internet o cualquier otro medio físico o digital, serán acreedores a una multa que va desde los $895 pesos hasta $3,502,944.91 pesos.
Por otro lado, las boleteras no podrán sobrevender los espectáculos o conciertos, es decir, no podrán ofertar más accesos de los lugares disponibles.
Así que ahora no habrá manera de escabullirse o lavarse las manos antes las demandas de los consumidores, que son los que tiene que pasar por una osadía para obtener los boletos y/o sus reembolsos.