La Unidad de Inteligencia Financiera descongeló dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, después de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concediera una suspensión a su favor.
El desbloqueo se realizó desde el pasado 5 de noviembre, aunque se conoció públicamente esta semana.
Las cuentas habían permanecido inmovilizadas desde mayo, después de que autoridades estadounidenses presentaran cargos contra Rocha Moya por presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos.
La decisión de la UIF no significa que el exgobernador haya sido exonerado ni que se hayan liberado todos sus recursos.
La medida responde al cumplimiento de una resolución judicial y únicamente alcanza a dos cuentas utilizadas para recibir tres pensiones.
Una de ellas concentra una pensión por viudez del ISSSTE y otra por cesantía en edad avanzada del IMSS.
La segunda recibe los pagos correspondientes a su jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde Rocha Moya desarrolló parte de su carrera académica.
El resto de sus recursos financieros permanece bloqueado mientras continúa el litigio.
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Un tribunal ordenó liberar únicamente las cuentas de sus pensiones
Rocha Moya fue incorporado en mayo a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
La medida tuvo carácter preventivo y ocurrió después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
La acusación estadounidense sostiene que los señalados habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Rocha Moya ha rechazado las acusaciones.
Después del bloqueo, solicitó administrativamente ser retirado de la lista de la UIF.
La petición fue rechazada el 4 de agosto.
Su defensa acudió entonces ante la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar la decisión.
Ese tribunal concedió una medida cautelar que permitió recuperar exclusivamente el acceso a las cuentas donde recibe sus pensiones.
La UIF tuvo que cumplir con esa resolución.
El juicio de fondo, sin embargo, continúa abierto.
Por eso, el desbloqueo parcial tampoco resuelve de manera definitiva si Rocha Moya debe permanecer o no dentro de la lista de personas bloqueadas.
La acusación en Estados Unidos y las investigaciones en México siguen abiertas
La liberación de estas dos cuentas tampoco modifica los cargos presentados en Estados Unidos.
El 29 de abril, fiscales estadounidenses acusaron formalmente a Rocha Moya y a otros nueve políticos y exfuncionarios sinaloenses de delitos relacionados con narcotráfico y armas.
La acusación sostiene que habrían conspirado con dirigentes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de drogas en territorio estadounidense.
En México, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas relacionadas con las personas señaladas por las autoridades estadounidenses.
El gobierno federal ha señalado además que corresponde a Estados Unidos aportar los elementos que sustenten sus acusaciones para que las autoridades mexicanas puedan determinar responsabilidades.
Rocha Moya solicitó licencia a la gubernatura después de conocerse los cargos en su contra.
Regresó brevemente a sus funciones en agosto, pero posteriormente volvió a separarse del cargo.
El descongelamiento de las dos cuentas ocurre ahora dentro de esa disputa legal.
El dato central es que Rocha Moya recuperó acceso al dinero correspondiente a sus pensiones porque un tribunal ordenó proteger esos recursos mientras se resuelve el juicio.
No recuperó el control de todo su patrimonio congelado.
Tampoco desaparecieron las acusaciones en Estados Unidos ni las investigaciones abiertas en México.
