Vecinos de Dzemul, Yucatán, hartos por un apagón que superó las 12 horas, sometieron a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad a un poste de luz como protesta. El acto fue una medida extrema ante la demora en la reparación del servicio, luego de múltiples reportes sin respuesta eficaz.
El problema más profundo
Si bien la indignación es entendible; este hombre no tiene la culpa. Fue el rostro golpeado de la inacción. Lo sucedido no es un hecho aislado, sino la representación explosiva de una ciudadanía abandonada, que paga por un servicio deficiente y espera que el recibo sea suficiente justificación para una responsabilidad real. La indignación marchita el diálogo cuando la dignidad se ve arrasada por la impunidad institucional.
Desde temprano reportaron el apagón y la CFE respondió, pero sin certeza: diagnosticaron que la falla era “complicada” y anunciaron que volverían más tarde. Esa respuesta fue el detonador en un contexto en que los cortes prolongados son recurrentes. El gobernador ya había advertido que la infraestructura eléctrica está rezagada y no responde al crecimiento urbano y poblacional.
Implicaciones sociales
Amarrar a un empleado no resuelve el problema, pero sí exhibe la desesperación social y la erosión de la confianza. La gente ya no puede seguir tolerando un sistema que cobra con puntualidad, pero no cumple. No se trata de legitimar la violencia, sino de cuestionar por qué estamos tan tensos ante una crisis tan elemental: la falta de energía eléctrica, ese derecho básico que ahora genera miedo y quebranto.
Este episodio debería ser un llamado urgente a la acción, no un simple reguero de sangre. Las instituciones deben responder con planes de emergencia, rutas de reconexión inmediata y transparencia en cada falla reportada. Sólo así se evitarán escenas que podrían saldarse con tragedia. Contra los apagones no se lucha con fuerza, se lucha con eficiencia. Y esa debe ser la prioridad.
