Por unanimidad, con 474 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reformas constitucionales en materia de Extinción de Dominio, que se aplicará a los bienes de quienes hayan incurrido en los delitos de actos de corrupción, robo de hidrocarburos y extorsión.
Luego de un breve debate, el documento se avaló también en lo particular con 394 votos a favor y 68 en contra, con lo que quedó concluido su proceso en el Legislativo federal, y se turnó a los Congresos de los estados para su ratificación.
Para que pueda promulgarse como una nueva ley federal, el dictamen necesita ser ratificado por al menos 17 Congresos estatales.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Miroslava Carrillo, remarcó que la extinción de dominio es considerada la mejor herramienta para atacar los fondos económicos con los cuales, a su juicio, la criminalidad crea, corrompe y destruye la institucionalidad del Estado.
«Esto es primordial, ya que es un tema central para acabar con la corrupción y el quebrantamiento de la ley, desalentando con ello la capacidad operativa con la que cuentan colectivos que actúan cometiendo ilícitos, como es el caso de la delincuencia organizada», dijo.
¿Qué es la extinción de dominio?
Se trata de una figura jurídica en la que la ley le permite al Estado adueñarse de propiedad y bienes que un criminal haya adquirido con recursos provenientes de una actividad ilícita, reseña el portal Capital México.
Por ejemplo, si un narcotraficante cuenta con una casa y un automóvil cuya procedencia sea ilícita, se puede aplicar loa extinción de dominio para que el Estado se adueñe de dichas propiedades, indica el sitio web.
El afectado, es decir, el criminal, no tiene derecho a ninguna compensación por el retiro de sus propiedades, pero sí tiene la posibilidad de comprobar que fueron adquiridas con recursos obtenidos de forma legal.
En caso de que un juez determine que así es, se le regresarán sus propiedades. Pero si se confirma que son producto de actividades ilícitas, no recibe ningún beneficio por perder esos objetos.
Con información de Milenio