El país sudamericano no solo atraviesa una gran crisis política luego del golpe de Estado para destituir a Dilma Rouseff e instalar un presidente procesado por corrupción, sino que la deforestación en la Amazonia brasileña avanzó un 30 por ciento en 2016 demostrando un retroceso en la protección ambiental y ecológica.
Autoridades del país abrieron la puerta a nuevos proyectos para legalizar latifundios y permitir la tala de árboles. El Congreso Nacional decidió disminuir el área de protección ambiental en una de las zonas de la Amazonia más castigadas por la pérdida de masa vegetal. Ello implica que la Floresta Nacional de Jamanxim, en el Estado de Pará perderá 480.000 hectáreas de los 1,3 millones que la integran. Además, las normas ambientales serán mucho más laxas.
El área que corresponde estrictamente a bosque tropical es de 320.000 hectáreas, más del doble de la superficie de las dos grandes megalópolis latinoamericanas: Ciudad de México y São Paulo.
Michel Temer ya había dado pasos para reducir la protección de la zona, con el propósito de permitir la ocupación de tierras bajo ciertas normas ambientales y legalizar así explotaciones agrarias.
Con información de El País