Lo que está ocurriendo en el Congreso podría marcar un antes y un después en la historia política de México. Legisladores de Morena y sus aliados impulsan una reforma electoral de gran calado que, según especialistas y opositores, pretende desmantelar más de tres décadas de avances democráticos, debilitando la autonomía de los órganos electorales y consolidando un control político del proceso electoral desde el poder.
La propuesta, que se discute en comisiones, plantea cambios estructurales en la integración del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Lo más grave, advierten analistas, es que abre la puerta a la intervención directa del Ejecutivo y del Congreso en la designación de consejeros y magistrados, rompiendo con el principio de independencia que ha garantizado la alternancia desde 1997.
En palabras de expertos constitucionalistas, esta iniciativa no busca modernizar el sistema electoral, sino debilitarlo, eliminando los contrapesos que impiden que un solo partido controle las elecciones.
“Morena está construyendo un andamiaje institucional para perpetuarse en el poder. Lo que se propone es un retroceso de décadas”, advirtió un exconsejero del INE.
A la par, las recientes resoluciones del Tribunal Electoral y el silencio cómplice del INE han encendido alarmas sobre un proceso de captura institucional. Organizaciones civiles señalan que algunas decisiones recientes —como validar candidaturas o intervenciones indebidas del Ejecutivo en procesos locales— reflejan una tendencia de subordinación política.
De aprobarse la reforma, los efectos serían irreversibles: se concentraría el control de la organización electoral, se debilitarían los tribunales ciudadanos y se perdería la capacidad de garantizar elecciones libres, auténticas y competidas. En palabras de un analista político, “la democracia mexicana podría no recuperarse por la vía institucional”.
Frente a esta amenaza, la oposición y la sociedad civil han comenzado a organizar manifestaciones y llamados a defender las instituciones. La advertencia es clara:
“Si se aprueba esta reforma, México podría entrar en un punto de no retorno.”
El país está ante una encrucijada: permitir la erosión gradual de su democracia o defender el sistema electoral que ha costado décadas construir.
