La investigación sobre las contrataciones del Instituto Nacional Electoral escaló este miércoles: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas y empresas relacionadas con proveedores electorales a su Lista de Personas Bloqueadas.
Entre las cuentas afectadas se encuentra la de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, así como las de empresarios relacionados con compañías que durante años recibieron contratos para producir material electoral.
La Secretaría de Hacienda informó que la medida alcanza a 25 personas físicas y 15 empresas después de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren una investigación más profunda.
Además del bloqueo, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que determine si existen posibles responsabilidades penales.
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Entre las personas incluidas aparece José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con la proveeduría de materiales electorales y cuyo nombre ha formado parte de las investigaciones sobre contratos otorgados durante la gestión de Taddei.
La UIF explicó que la incorporación a la lista es una medida administrativa y preventiva mientras las autoridades investigan las operaciones detectadas.
El caso se suma a las revisiones que ya realizan la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control del INE y el propio Consejo General.
El INE acumula 30 salidas mientras revisa contratos y funcionarios
La crisis dentro del instituto también ha provocado una salida importante de personal.
Hasta esta semana se habían registrado 30 bajas de funcionarios relacionados con la administración encabezada por Guadalupe Taddei.
Diecisiete pertenecían directamente a la oficina de la expresidenta, incluido Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de Oficina.
También dejaron sus cargos funcionarios de áreas estratégicas como informática, comunicación social, igualdad de género, recursos materiales y distintas direcciones administrativas.
El INE informó que las diez consejerías mantienen una revisión colegiada de la Junta General Ejecutiva, funcionarios de primer nivel y procesos de contratación que puedan estar relacionados con las irregularidades denunciadas públicamente.
La presidenta provisional del instituto, Blanca Cruz, anunció además que se prepararía una denuncia ante la FGR para deslindar responsabilidades entre funcionarios y exfuncionarios.
La Auditoría Superior de la Federación amplió la revisión todavía más.
La investigación abarcará contrataciones realizadas por el antiguo IFE, el actual INE y los organismos electorales locales desde el año 2000 hasta 2025, con el objetivo de identificar concentración de proveedores, posibles simulaciones de competencia y patrones irregulares de contratación.
Entre las empresas bajo revisión aparecen Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Seriplast, compañías que durante años obtuvieron contratos de organismos electorales.
Sólo cinco empresas relacionadas entre sí recibieron alrededor de 2 mil 461 millones de pesos en contratos con organismos públicos locales electorales entre 2014 y 2025, de acuerdo con información presentada por el Órgano Interno de Control.
¿Dónde está Guadalupe Taddei?
Mientras las investigaciones avanzan, otra pregunta comenzó a tomar fuerza: dónde se encuentra Guadalupe Taddei después de dejar el INE.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reconoció este jueves 5 de noviembre que el gobierno federal desconoce el paradero actual de la expresidenta del instituto.
“No hemos indagado”, señaló al ser cuestionada durante su conferencia matutina, aunque agregó que supone que Taddei se encuentra en territorio nacional.
El gobierno tampoco conoce actualmente la ubicación de los hermanos Hernández Casillas, empresarios relacionados con algunas de las compañías proveedoras bajo investigación.
Desde la renuncia de Taddei han circulado versiones sobre una posible salida del país, pero hasta ahora no existe información oficial que confirme que haya abandonado México.
La propia Sheinbaum había pedido días atrás no anticipar medidas judiciales contra Taddei antes de concluir las auditorías.
La presidenta sostuvo que primero deben documentarse las irregularidades, establecer responsabilidades y, en caso de encontrar posibles delitos, entregar los expedientes a la Fiscalía para que determine cómo proceder.
Ese escenario ya avanzó un paso.
La UIF presentó formalmente una denuncia ante la FGR después de identificar operaciones financieras que considera suficientemente relevantes para ser investigadas.
Ahora la Fiscalía deberá determinar si esas operaciones derivan en responsabilidades penales y hasta dónde alcanza la red de funcionarios, empresarios y proveedores que durante años participó en contrataciones electorales.
La investigación dejó de limitarse a lo ocurrido durante la presidencia de Guadalupe Taddei.
La revisión ya abarca más de dos décadas de compras electorales y coloca bajo escrutinio un sistema de proveedores que operó durante distintas administraciones del IFE y del INE.
