Santiago Peña renunció este jueves 5 de noviembre a la presidencia de Paraguay, en medio de una crisis bancaria que en apenas unos días se convirtió en una crisis política capaz de derrumbar su gobierno.
El detonante fue Ueno Bank, una de las instituciones financieras más grandes del país.
El Banco Central de Paraguay intervino la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
El cierre dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso normal a sus depósitos, tarjetas y transferencias, mientras las autoridades organizaban la devolución de los recursos.
Pero el problema para Santiago Peña fue mucho más profundo.
El presidente Santiago Peña había sido accionista de un grupo empresarial vinculado con Ueno Bank hasta 2025 y la institución manejaba además importantes recursos públicos.
Entre ellos había alrededor de 850 millones de dólares en depósitos estatales, incluidos aproximadamente 380 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social, responsable de fondos de pensiones y salud.
Esa combinación —su relación previa con el grupo, el dinero público involucrado y el colapso de la institución— abrió acusaciones de conflicto de intereses y terminó colocando a Peña frente a un juicio político.
Horas después, anunció su renuncia.
“Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, dijo en su mensaje al país.
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¿Por qué renunció Santiago Peña?
La crisis comenzó formalmente cuando el Banco Central determinó que Ueno Bank ya no cumplía con los niveles mínimos de solvencia.
La intervención congeló operaciones y dejó a millones de personas sin poder disponer normalmente de su dinero.
Entonces comenzaron las protestas.
Ahorradores, trabajadores y jubilados salieron a las calles para exigir la devolución de sus recursos y responsabilidades políticas.
La Fiscalía ordenó además la detención de ocho directivos relacionados con la institución bancaria.
El problema escaló directamente hacia el presidente porque Peña había mantenido acciones en el grupo que controlaba Ueno Bank hasta 2025.
La oposición lo acusó de conflicto de intereses, posibles beneficios regulatorios para la institución y responsabilidad política por la exposición de fondos previsionales.
Un grupo de 35 diputados presentó entonces una solicitud de juicio político contra Peña y contra el vicepresidente Pedro Alliana.
Para que el proceso avanzara se requerían 53 votos de los 80 integrantes de la Cámara de Diputados.
Hasta ese momento, Peña todavía contaba con una ventaja importante: el Partido Colorado, al que pertenece, controla el Congreso.
Eso cambió este jueves.
Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y actual líder del Partido Colorado, anunció que su partido acompañaría el juicio político.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, también pidió públicamente la renuncia de Peña y advirtió que, de no hacerlo, los legisladores avanzarían con el proceso de destitución.
Ahí quedó prácticamente sin margen político.
Santiago Peña podía enfrentar un juicio que podía terminar con su destitución o presentar su renuncia antes de que avanzara el procedimiento.
Eligió la segunda opción.
En su mensaje afirmó que tomó la decisión para preservar “la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas”.
Ueno Bank convirtió una crisis financiera en una crisis de gobierno
Antes de renunciar, Santiago Peña intentó contener el impacto del colapso bancario.
Pidió la renuncia de Carlos Carvallo, presidente del Banco Central, y acordó con el Congreso una legislación especial para acelerar la devolución de los recursos de los ahorradores.
También afirmó que los responsables de las irregularidades tendrían que responder ante la justicia “sin excepciones ni privilegios”.
Pero para entonces el problema ya había alcanzado directamente a su administración.
La crisis combinó cuatro factores: millones de clientes sin acceso a sus fondos, recursos públicos y jubilatorios dentro del banco, la antigua relación empresarial de Peña con el grupo propietario y la pérdida del respaldo de su propio partido.
La presión dejó de venir únicamente de la oposición.
Legisladores colorados comenzaron también a cuestionar al mandatario, mientras crecían las manifestaciones en Asunción y el Congreso preparaba el juicio político.
Santiago Peña había asumido la presidencia el 15 de agosto de 2023 para un mandato que debía terminar en 2028.
Su salida ocurre después de tres años y dos meses en el cargo.
Tras su renuncia, corresponde al vicepresidente Pedro Alliana asumir la presidencia de Paraguay, aunque él mismo había sido incluido en la solicitud de juicio político presentada por legisladores en medio del escándalo.
Ahora la investigación deberá determinar qué ocurrió dentro de Ueno Bank, cuál fue el destino de los recursos públicos depositados en la institución y si existieron responsabilidades de funcionarios o autoridades regulatorias.
La caída del banco terminó provocando también la caída del presidente.
