La empresa mexicana ICA se perfila como la constructora del cuarto tramo del Tren Maya, una de las obras de infraestructura más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes un funcionario.
El director general del estatal Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez, dijo al diario El Financiero que ICA será la adjudicataria directa de esa fase de la obra y que en esta ocasión no se celebrará una licitación como para los tres primeros ramales.
El Tren Maya, un proyecto cuestionado por grupos indígenas y ecologistas, requerirá una inversión de unos 6,300 millones de dólares y recorrerá unos 1,500 kilómetros desde la zona arqueológica de Palenque, en el estado Chiapas, hasta la turística Cancún, en la Península de Yucatán.
La adjudicación del tramo a ICA fue anticipada en un video difundido antes en la rueda de prensa diaria del mandatario. «Respecto al tramo cuatro que va de Izamal a Cancún se prevé que sea construido por la concesionaria de la carretera Mérida-Cancún (ICA). En los siguientes días se anunciarán los detalles técnicos y jurídicos de la adjudicación».
Jiménez dijo a El Financiero que esa es la solución más simple porque la compañía es la concesionaria de la autopista junto a la cual se colocará la vía. «Es el camino más sencillo, como tiene la concesión (de la carretera) hay unas cláusulas que los benefician», detalló.
«Tiene que ser adjudicación directa, sacarlos y meter a otra empresa es más complicado», añadió el director de Fonatur, organismo a cargo de las licitaciones de tren.
Como resultado de los concursos realizados desde abril, un consorcio encabezado por la portuguesa Mota-Engil y China Communications Construction, de la nación asiática, construirá el primer ramal, otro formado por firmas del magnate mexicano Carlos Slim, el segundo, y uno más liderado por la española Azvi, el tercero.
El proyecto ha recibido críticas de organizaciones indigenistas y ambientalistas, que volvieron a arreciar en los últimos días. El jueves, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emplazó al Gobierno a detenerlo asegurando que exponía a grupos indígenas vulnerables a contraer el coronavirus.