El país vive una nueva muestra del desmoronamiento institucional que lo atraviesa. En el municipio de Huixcolotla, Puebla, todos los policías municipales renunciaron a sus cargos tras el asesinato brutal de tres de sus compañeros durante una emboscada. La información fue compartida por el periodista Joaquín López-Dóriga, quien confirmó la renuncia masiva de los elementos de seguridad.
La tragedia ocurrió en la carretera federal Puebla–Tehuacán, donde una patrulla fue interceptada por hombres armados que dispararon sin mediar palabra. Dos oficiales murieron en el lugar y una comandante perdió la vida en el hospital. Horas después, los demás integrantes de la corporación decidieron abandonar el servicio, argumentando miedo, falta de respaldo institucional y amenazas del crimen organizado.
El gobierno del estado de Puebla informó que asumirá temporalmente la seguridad del municipio con apoyo de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Sin embargo, la renuncia total de los agentes locales revela un vacío de autoridad que ya se ha convertido en la norma en amplias regiones del país.
En Huixcolotla no hubo un motín, ni una protesta. Hubo rendición. Los propios policías entendieron que la ley ya no los protege, que portar un uniforme es una sentencia, y que el crimen impone su voluntad donde el Estado se disuelve.
Este episodio es apenas un reflejo del México real: un país donde los funcionarios honestos temen ejercer su deber, donde los ciudadanos viven atrapados entre la violencia y la impunidad, y donde ya no rige la ley, sino el miedo.
Cada renuncia policial, cada emboscada, cada cuerpo caído en la carretera es la evidencia de un colapso que avanza sin freno. México está llegando a un punto crítico, en el que el poder del Estado se diluye frente a la expansión del crimen organizado.
La renuncia total de los policías de Huixcolotla no solo es un hecho local, sino una señal de alarma nacional: el país está perdiendo, municipio por municipio, su capacidad de defenderse.
