La reciente aprobación de la reforma de supremacía constitucional ha generado un fuerte debate en México. Esta medida, avalada por ambas cámaras del Congreso y 23 legislaturas estatales, establece la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. ¿Qué implica este cambio para el país y su sistema judicial?
Con la aprobación de la enmienda de supremacía constitucional, el Congreso mexicano blindó las modificaciones a la Constitución de cualquier amparo, controversia o acción de inconstitucionalidad. Esta reforma, que modifica el artículo 107 y agrega un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna, apunta a fortalecer la estabilidad de los cambios en la Constitución, evitando que sean impugnados.
El apoyo de 23 congresos estatales (superando el mínimo de 17 requerido) otorgó la mayoría necesaria para que la enmienda sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras lo cual entrará en vigor 24 horas después.
La reforma busca limitar la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de intervenir en modificaciones constitucionales, lo que ha generado críticas y apoyo en distintos sectores. Mientras que los defensores argumentan que la medida garantiza la continuidad de las políticas fundamentales, los críticos temen que esta limitación pudiera reducir el balance de poderes en el país, al impedir la revisión de posibles inconstitucionalidades en reformas futuras.
La Suprema Corte está programada para revisar el 5 de noviembre la validez de la reforma judicial, y este fallo podría influir significativamente en la implementación de la reforma de supremacía.
Postura del Gobierno y la Oposición
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma, argumentando que no contradice el estado de derecho ni la Constitución, la cual ya define en su artículo 133 como la «ley máxima». Según Sheinbaum, la medida simplemente reafirma la supremacía de la Constitución, una premisa que la Corte ha mencionado en varios documentos.
Sin embargo, la oposición ha mostrado su desacuerdo, alertando sobre el potencial debilitamiento de la revisión judicial y el control de constitucionalidad. Para ellos, la “supremacía constitucional” podría ser utilizada para evitar cuestionamientos sobre futuras reformas, especialmente en temas controvertidos como la reforma judicial.
Se espera que la reforma de supremacía constitucional sea promulgada y publicada en el DOF en los próximos días, lo que abrirá un nuevo capítulo en la política mexicana. Su implementación sin duda generará una serie de reacciones en la sociedad y en la comunidad jurídica, especialmente en torno al papel de la Suprema Corte en la preservación de la constitucionalidad.
La reforma plantea un cambio en el funcionamiento del sistema jurídico mexicano y podría tener efectos duraderos en la democracia y el balance de poderes en México.