En la madrugada de este viernes 1 de noviembre, el gobierno de Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma de “supremacía constitucional”, una medida que protege las modificaciones a la Constitución de cualquier impugnación. Esta reforma, que se aprobó con rapidez en 17 congresos estatales y en el Congreso de la Unión, busca evitar que las reformas constitucionales puedan ser cuestionadas judicialmente. Sin embargo, esta iniciativa ha generado polémica y preocupación en diversos sectores.
¿Qué establece la reforma de supremacía constitucional?
La reforma agrega un quinto párrafo al Artículo 105 de la Constitución, estableciendo que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objetivo modificar las adiciones o reformas a la Constitución son improcedentes. Asimismo, se modifica el inciso II del artículo 107, eliminando la posibilidad de recurrir al juicio de amparo en contra de cambios constitucionales. Firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma persigue blindar estos cambios de suspensiones judiciales.
Las implicaciones de la reforma en el Poder Judicial
Uno de los puntos más polémicos de esta reforma es su intención de limitar la intervención del Poder Judicial frente a decisiones del Congreso sobre la Constitución. Al evitar que las reformas constitucionales sean impugnadas, se establece una barrera contra la revisión de constitucionalidad de dichas reformas, lo cual cambia significativamente el papel de la Suprema Corte de Justicia como contrapeso en el sistema político mexicano.
La medida permite que las reformas aprobadas por el Congreso, como el paquete de reformas impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no enfrenten obstáculos judiciales, lo que garantiza su aplicación inmediata. Esta disposición preocupa a quienes defienden el balance de poderes y la función del Poder Judicial como instancia de control.
La reacción del sector empresarial y la sociedad
La reforma ha provocado reacciones adversas en sectores importantes del país. Los principales grupos empresariales han expresado su inquietud, señalando que la iniciativa compromete las garantías constitucionales que durante décadas han protegido los derechos ciudadanos. En un comunicado, argumentaron que el blindaje de las reformas abre la puerta a decisiones legislativas sin control judicial, debilitando así el sistema de contrapesos y dejando en manos del Congreso un poder prácticamente inapelable.
¿Por qué es controvertida la reforma de supremacía constitucional?
Esta reforma implica un cambio profundo en la jerarquía de poder en México. La imposibilidad de impugnar reformas a la Constitución establece una superioridad normativa que impide suspensiones judiciales, lo que podría limitar los derechos de ciudadanos y organismos a cuestionar posibles excesos del Congreso. Según los críticos, se debilita el sistema de contrapesos y se corre el riesgo de otorgar un poder absoluto al Congreso, lo que, en última instancia, podría afectar las libertades y derechos fundamentales de los mexicanos.
En conclusión, la reforma de supremacía constitucional representa un momento clave en la política mexicana, y sus consecuencias, tanto en el balance de poderes como en la relación entre los ciudadanos y el Estado, aún están por verse.