En octubre de 2025, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizaron la compra de 12 togas para sesiones ordinarias y extraordinarias, con un costo unitario de entre 22 mil y 24 mil pesos, de acuerdo con contratos de adjudicación directa.
El gasto total por la adquisición ascendió a 294 mil 547 pesos, divididos en dos adjudicaciones: una por 134 mil 467 pesos y otra por 160 mil 80 pesos.
Seis togas para sesiones ordinarias y seis para extraordinarias
Según la documentación, seis de las togas adquiridas están destinadas a sesiones ordinarias y seis a sesiones extraordinarias. Las prendas serán personalizadas, por lo que se estableció la toma de medidas individuales para cada ministro o ministra beneficiada.
“La fecha de toma de muestra será determinada por la administradora del contrato, posterior a la fecha de adjudicación”, se detalla en uno de los contratos.
¿Quiénes fueron los ministros beneficiados?
Las togas fueron adquiridas para los ministros Hugo Aguilar, Estela Ríos, Giovani Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías.
En el caso de las ministras Jasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, no se realizó compra alguna, ya que ellas conservan togas adquiridas desde la conformación de la anterior integración de la Corte.
La adquisición fue adjudicada a Édgar Juan Hernández García, proveedor responsable de la confección de las prendas. Los contratos especifican que las togas deben ajustarse a medidas personalizadas, lo que implicó un proceso adicional de toma de tallas.
También gastaron en camionetas de hasta 1.7 millones de pesos
La compra de las togas se da en un contexto reciente de polémica por otros gastos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Días antes, las ministras y ministros informaron que no usarán y devolverán vehículos Jeep Cherokee adquiridos para su uso oficial, con un costo aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad, sin considerar el blindaje, el cual podría casi duplicar su precio.
La adquisición de estas camionetas fue justificada inicialmente por razones de seguridad y como una medida para sustituir unidades modelo 2019 y 2020, además de reducir gastos en arrendamiento, mantenimiento y combustible. Sin embargo, tras la controversia pública, la Corte anunció que solicitará iniciar el proceso de devolución o, en su caso, poner los vehículos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos.
