El gobierno de México está solicitando a Estados Unidos la extradición de José Ulises Bernabé, juez de barandilla de Iguala, Guerrero, quien recibió asilo político en enero de 2020 bajo el argumento de ser víctima de persecución política en relación con el caso Ayotzinapa. Según declaraciones oficiales, este juez podría poseer información crucial sobre los eventos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes normalistas desaparecieron.
El presidente mexicano ha señalado que las autoridades estadounidenses, ya sea el Departamento de Justicia o la DEA, otorgaron asilo a Bernabé sin consultar a la Fiscalía General de la República (FGR) de México. El mandatario afirmó que el juez tenía una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol en su contra, y criticó que no se solicitó información a la fiscalía mexicana durante el juicio de asilo.
La controversia sobre la extradición de Bernabé surge en un contexto en el que el presidente mexicano ha reiterado que el Ejército y las autoridades federales podrían haber actuado con omisión durante los hechos de Ayotzinapa. También cuestionó el papel de la periodista Anabel Hernández, quien participó como testigo en el juicio de asilo del juez y publicó un libro que implica al Ejército en la desaparición de los estudiantes.
Hernández, en su obra, sugiere que los estudiantes habrían interceptado un autobús cargado con heroína destinada a Estados Unidos, lo que llevó a un capo de la droga a ordenar al Ejército que se ocupara de ellos. Este relato, según el presidente, carece de pruebas sólidas y es parte de una campaña para desprestigiar a su administración y al Ejército mexicano.
En respuesta, el gobierno mexicano ha impugnado el proceso de asilo y está solicitando una revisión exhaustiva del caso. «Vamos a que se reciban pruebas, porque la señora Anabel no ofrece ni una sola prueba», declaró el presidente, enfatizando que los testimonios de los involucrados contradicen la versión presentada en Estados Unidos.
Este caso pone de relieve las tensiones diplomáticas y judiciales entre México y Estados Unidos, además de resaltar las complejidades legales y políticas que rodean la búsqueda de justicia en el caso Ayotzinapa. Con solo tres meses restantes en su mandato, el presidente ha asegurado a los familiares de los normalistas que continuará trabajando para esclarecer los hechos y entregar informes detallados antes de finalizar su administración.